En acuerdo plenario, la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro resolvió, por mayoría, que “resulta insuficiente para actuar en juicio el poder general o especial otorgado a un abogado mediante instrumento privado”.

Así se decidió, el 13 de junio, en los autos “POMILIO NICOLAS ALEJANDRO C/ GOFFMAN MAXIMILIANO IGNACIO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”.  DESCARGAR EL FALLO COMPLETO

La cuestión sometida a plenario fue: “¿Es suficiente para actuar en juicio el poder general o especial otorgado a un abogado mediante instrumento privado?”

El tema es discutido, a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (CCC) dado que, a diferencia del Código derogado, el art. 1017 del CCC, no establece que los poderes para actuar en juicio deban ser hechos en escritura pública, y por otra parte, el art. 363 del CCC determina que el apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar.

Recordemos los artículos mencionados del CCC:

ARTICULO 1017.- Escritura pública. Deben ser otorgados por escritura pública:

  1. a) los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Quedan exceptuados los casos en que el acto es realizado mediante subasta proveniente de ejecución judicial o administrativa;
    b) los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles;
    c) todos los actos que sean accesorios de otros contratos otorgados en escritura pública;
    d) los demás contratos que, por acuerdo de partes o disposición de la ley, deben ser otorgados en escritura pública.

ARTICULO 363.- Forma. El apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar.

Por otra parte, el art. 47 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, que no sufrió modificaciones, establece lo siguiente:

ARTÍCULO 47°: Presentación de poderes. Los procuradores o apoderados acreditarán su personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder.

Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acreditará con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado patrocinante o por el apoderado. De oficio o a petición de parte, podrá intimarse la presentación del testimonio original.

De paso, la redacción es idéntica a la del art. 47 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación:

Art. 47. – Los procuradores o apoderados acreditarán su personalidad desde la primera gestión que hagan en nombre de sus poderdantes, con la pertinente escritura de poder.

Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se lo acreditará con la agregación de una copia íntegra firmada por el letrado patrocinante o por el apoderado. De oficio o a petición de parte, podrá intimarse la presentación del testimonio original.

Al respecto, puede interpretarse que prevalece el texto del CCC, por ser la forma de los actos jurídicos un tema de fondo y porque el Código Procesal, en su presente redacción, se limitó a repetir la regla del Código Civil derogado, que en su art. 1184 inc. 7º  exigía escritura pública para “los poderes generales o especiales que deban presentarse en juicio”. Modificada esa regla por el CCC, el Código Procesal debía reinterpretarse.

Básicamente, esa fue la postura del voto minoritario en el presente plenario. Así, por ejemplo, se expresó el Dr. Zunino en su voto:

* “…la normativa local, si bien puede legislar, reglamentar o regular determinados aspectos relativos a la representación procesal, lo cierto es que dicha facultad no puede avanzar sobre la forma que debe revestir un acto jurídico, como es el acto de apoderamiento para la representación en un juicio, ni por consiguiente exigir escritura pública o instrumento público como requisito ineludible para el acto de apoderamiento judicial, desde que dicho recaudo debería hallarse expresamente contemplado por la ley de fondo al ser el derecho de sustancia; más aun si el código de procedimientos es anterior al nuevo Código Civil y Comercial. La ley procesal, pues, debe interpretarse en función de las normas sustantivas, y por eso la forma que debe revestir un acto jurídico, constituye, como se dijo, materia delegada por las Provincias a la Nación (art. 75 inc. 12° de la Constitución Nacional). Nótese que el art. 47 del CPCC fue dictado durante la vigencia del art. 1184 inc. 7° del derogado Código Civil, de modo que la norma adjetiva provincial tendió en su momento a ajustarse a lo dispuesto por la ley de fondo. El Código Civil y Comercial no requiere que el mandato o la personería para intervenir en un juicio sean acreditados indefectiblemente mediante instrumento público, ni ello se deprende del art. 1017 inc. “d” (en concordancia con los arts. 284 y 362 de idéntico plexo normativo), puesto que, se reitera, la ley procesal no puede crear formas instrumentales no previstas por la ley nacional de fondo (arts. 5, 31, 75 inc. 12°, 121, 126 de la Constitución Nacional). En consecuencia, el poder en instrumento privado acompañado al pleito, es suficiente para que el letrado de la parte otorgante la represente en el juicio, sin ser necesario o insoslayable su otorgamiento por escritura pública y/o certificación notarial.(la negrita es nuestra)

Otra interpretación es la que afirma la prevalencia del art. 47 del Código Procesal, basada en que el ya mentado inciso “d” del art. 1017 CCC determina que deben instrumentarse a través de escritura pública los demás contratos que, por acuerdo de partes o disposición de la ley, deben ser otorgados en escritura pública“, por lo que opera una remisión a lo que dispongan otras leyes, nacionales o locales, como es el caso del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

Esa fue la postura del voto mayoritario. Por ejemplo, la Dra. Mauri se preguntó:

* “¿Podría sostenerse que el art. 47 del Código Procesal Civil y Comercial de esta Provincia no es “ley”? Claramente la respuesta es que no. De modo que existe una norma legal, que establece una forma determinada para el mandato que un abogado pretende hacer valer en juicio para ejercer la representación de otro. ¿Es correcto sostener que el art. 47 del CCPCBA no está vigente? También aquí la respuesta que se impone es la negativa. En efecto, la disposición procesal de mención, está plenamente vigente y no ha sido derogada. Ello así por cuanto la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación no contraría la exigencia de la norma procesal en cuanto a que es por medio de “escritura pública” que debe justificarse la personería invocada en juicio para actuar en representación de otro.” (la negrita es nuestra)

 * “Queda de esta manera para mí que la norma del código procesal provincial, en materia propia de su esfera, complementa, conforme la actual previsión -no se opone a ella ni la altera- la legislación de fondo (art. 363 CCyC ya cit.), por cuanto regula la forma “ad probationem” del contrato de mandato en el marco de un proceso judicial, en función del acto específico a realizar por el apoderado (su intervención en representación de la parte en un proceso judicial en el fuero civil y comercial de la Provincia de Buenos Aires) (conf. CCSan Isidro, Sala III, causa “Oropel” cit.).” (la negrita es nuestra)

Dr. Jorge Oscar Rossi
Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de Morón), Abogado (U.B.A.) Profesor Titular de las materias “Teoría General de las Obligaciones”, y “Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios”. Adjunto Regular de Contratos Civiles y Comerciales en la Universidad Abierta Interamericana.

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