La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra una sentencia que dispuso la preparación de la vía ejecutiva de un pagaré suscripto por un consumidor, documento que fue acompañado por la ejecutante con el contrato de mutuo.

Para el Máximo Tribunal bonaerense, “si la documentación acompañada por el ejecutante permite comprobar el cumplimiento del art. 36” de la ley 24240, de Defensa del Consumidor, “no parece excesivo, al menos en casos como el de autos, permitir el uso” de la vía ejecutiva.

Así lo resolvió, el 14 de agosto, en autos “Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester S/ Cobro ejecutivo”.  DESCARGAR EL FALLO COMPLETO

La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de General San Martín revocó la providencia del juez anterior -en cuanto había reconducido el trámite del proceso al cauce del juicio sumario- y dispuso la preparación de la vía ejecutiva.

Se interpuso, por el Fiscal General departamental, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Cabe señalar que, la entidad actora promovió el presente juicio ejecutivo, con el objeto de que se condenase al demandado al pago de una deuda dineraria instrumentada mediante un pagaré a la vista y sin protesto y un formulario de “términos y condiciones” correspondientes a un contrato de mutuo.

Al revocar la sentencia de primera instancia, la Cámara Departamental valoró que la cuestión llevada ante sus estrados entrañaba un conflicto entre dos órdenes normativos: el comprendido en el decreto ley 5.965/63 y el reglado por la ley 24240, de Defensa del Consumidor (LDC), dilema evidenciado en la pretensión ejecutiva respaldada en el derecho literal y autónomo que anidaba en el pagaré, junto a los recaudos causales -exigidos por el art. 36 de la citada ley- abastecidos en la solicitud de mutuo para consumo suscripta por la beneficiaria.

La Cámara justificó su decisión en el hecho que “…Si bien el pagaré que se ejecuta no contiene todos los requisitos exigidos por el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, el contrato de solicitud de préstamo (mutuo) que lo complementa establece los términos y condiciones correspondientes al crédito; es por ello que se tiene[n] por cumplidos […] los recaudos exigidos por la mencionada ley…” (la negrita es nuestra)

A renglón seguido, transcribió la opinión mayoritaria expuesta en un fallo plenario dictado por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul en fecha 9 de marzo de 2017, en cuanto se dijo que “…El pagaré de consumo puede integrarse con documentación adicional relativa al negocio causal, dentro del mismo juicio ejecutivo, conformando un título complejo que deberá contener información clara y veraz, y además cumplir con los requisitos previstos en el art. 36 de la ley 24.240 para las operaciones de financiación o crédito para el consumo…” (la negrita es nuestra)

Además, la Cámara detalló que el pagaré que se pretendía ejecutar en autos era por $3.440,04 y que del mutuo surgía que el capital prestado ascendía a $2.420,06, lo cual indicaba que el importe consignado en el cartular comprendía capital más intereses. De allí que como el tratamiento de dichos accesorios se difería para la oportunidad del dictado de la sentencia, correspondía tomar como monto del reclamo la suma del capital, es decir, $2.420,06.

Concluyó, finalmente, en que al verificarse los requisitos previstos por el art. 36 de la LDC cabía preparar la vía ejecutiva (art. 523, CPCC) en relación con el mutuo, sin tener en cuenta el importe de la obligación instrumentada en el pagaré.

En su recurso, el Fiscal General departamental denuncia quebrantamiento de la doctrina legal sentada por la Suprema Corte en la causa C. 109.305, “Cuevas”, del 1 de septiembre de 2010, así como de los arts. 36 y 53 de la LDC y 23 de la ley provincial 13.133.

Considera vulnerado el régimen que ampara a los consumidores (art. 42, CN) y cuestiona lo que, según entiende, sería la creación pretoriana de un título ejecutivo complejo no previsto en la regulación procesal (art. 521, CPCC)

Llegado el caso al Máximo Tribunal bonaerense, el primer voto estuvo a cargo del Dr. Soria quien, luego de reseñar la normativa aplicable y las interpretaciones jurisprudenciales de la misma, las resume en las siguientes tres posturas:

1) Pro acreedor “extrema”

“Afirmada en el criterio tradicional sobre los títulos de crédito en general y en las notas de abstracción, autonomía y completitud que caracterizan al pagaré, una primera interpretación, sostenida en autos por la actora, considera que en casos como el de autos el juez no tiene un mayor grado de injerencia que el previsto para cualquier cobro ejecutivo de esta clase de papeles de comercio. Se privilegia la idea de favorecer la cobrabilidad expeditiva de las obligaciones consignadas en estos papeles de comercio, como su circulación.” (la negrita es nuestra)

2) Pro deudor – consumidor “extrema”

“Con una tesitura opuesta, se argumenta que en estos casos el juez no sólo debe efectuar una indagación causal del negocio para verificar si encuadra en las normas tuitivas de los consumidores, sino debe también disponer –constatada esa circunstancia- que el cobro del pagaré asociado a la operación de consumo tramite por las normas del proceso sumario (o plenario abreviado) de los arts. 320, 484 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial; ello, merced a una inteligencia expansiva de la LDC, que descarta el carril del juicio ejecutivo (arts. 518 y sigs., CPCC). Esta corriente, en la que se enrola el impugnante, tampoco admite que el título de crédito pueda ser integrado con la documentación contractual en la que se acordó la operación. El título sería siempre inhábil aun cuando con esa integración se demostrare el cumplimiento de los requisitos impuestos en el señalado art. 36.” (la negrita es nuestra)

3) Intermedia

“Sostenida por varios tribunales de la Provincia, la posición adoptada en la sentencia de la Cámara de Apelación recurrida ante esta Corte transita por un carril que, apartándose el primer criterio, no se identifica con el segundo registro arriba mencionado. En esencia admite que el pagaré, cuando tiene su raíz en un vínculo jurídico alcanzado por el art. 36 de la LDC, pueda ser integrado con los documentos que instrumentan el negocio causal; integración que se impone como condición de admisibilidad de la pretensión ejecutiva. La constatación acerca del cumplimiento de aquella norma legal –y la observancia de los demás requisitos previstos a tal efecto- determina la viabilidad del reclamo articulado en el proceso.

Por lo tanto, si el título valor, autónomamente o integrado, reúne las exigencias del citado art. 36 será pertinente la ejecución en los límites que resulten del negocio base de la relación jurídica.”  (la negrita es nuestra)

Esta última postura, seguida por la Cámara Departamental en la sentencia en análisis, es a la que adhiere el Dr Soria pues, para este ministro, “lejos de apartarse de las normas aplicables, las armoniza y las concilia de modo razonable.”

En definitiva, “(s)i la documentación acompañada por el ejecutante permite comprobar el cumplimiento del art. 36 de la LDC no parece excesivo, al menos en casos como el de autos, permitir el uso” de la vía ejecutiva. (la negrita es nuestra)

En el caso concreto, la Cámara, tras inspeccionar el contrato de solicitud de préstamo (mutuo) que complementa al pagaré, la Cámara de Apelación valoró que merced a la integración de ambos documentos se cumplía con el art. 36 de la LDC. Por tal motivo desglosó del reclamo el monto del capital que surgía de dicho contrato y supeditó el pronunciamiento acerca de los intereses -rubro susceptible de revisión en caso de abuso o desproporción, art. 771, Código Civil y Comercial- para la oportunidad del dictado de la sentencia. 

Ese modo de obrar, que cabe juzgar aquí en el marco de lo resuelto por el a quo y de los agravios articulados ante esta Corte, no contraviene los parámetros interpretativos antes mencionados.”

Estos fundamentos fueron compartidos por los ministros de Lázzari, Genoud y Negri, por lo que, en consecuencia, se decidió rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dr. Jorge Oscar Rossi
Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de Morón), Abogado (U.B.A.) Profesor Titular de las materias “Teoría General de las Obligaciones”, y “Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios”. Adjunto Regular de Contratos Civiles y Comerciales en la Universidad Abierta Interamericana.

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