La Cámara Segunda de Apelación de La Plata confirmó la sentencia que entendió que, al ser el seguro colectivo de vida un contrato de consumo, el plazo de prescripción aplicable era el de cinco años.

Así lo resolvió la Sala Segunda, el 7 de septiembre, en los autos “PRADO ROBERTO DANIEL C/ CAJA DE SEGUROS S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)”.  DESCARGUE EL FALLO COMPLETO

En primera instancia se hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios por incumplimiento contractual contra Caja de Seguros S.A. rechazando las excepciones de falta de legitimación pasiva y prescripción y condenando a esta última a que dentro del plazo de diez días abone la suma de $420.000 más intereses a devengarse a la tasa pasiva más alta que fije el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a 30 días, desde el 14/11/2017 y hasta su efectivo pago.

La demandada apeló, siendo uno de sus agravios el rechazo de la excepción de prescripción, por entender que al caso le resultaba aplicable el plazo de un año establecido en el art. 58 de la ley 17.418, de Seguros.

En la Alzada, el vocal preopinante, Dr. Hankovits, comenzó por encuadrar el contrato de seguro colectivo de vida que vincula a las partes, como contrato de consumo, dado que “es evidente que entre las partes existe una relación amparada por la legislación consumerista dado que dicho vínculo contractual no se encuentra dentro de las exclusiones previstas en el art. 2 de la ley 24.240.” (la negrita es nuestra)

Por otro lado, “fue la propia Ley 26.994 (CCyC) la que a través del punto 3.4 de su Anexo II dispuso la sustitución del art. 50 vigente hasta ese momento…, para reemplazarlo por esta nueva redacción: “Prescripción. Las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término de TRES (3) años. La prescripción se interrumpe por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas”. Vale decir, la nueva redacción dada al art. 50 de la ley consumeril fija el plazo de tres años sólo a las sanciones propias de dicho régimen dejando fuera de su ámbito las acciones judiciales, como por el contrario antes establecía el texto previo de dicha disposición.” (la negrita es nuestra)

A su vez, “el art. 1094 CCyC -bajo el título “Interpretación y prelación normativa”- establece que las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el del acceso sustentable, agregando seguidamente que, en caso de duda sobre la interpretación de este código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. Igualmente, el art. 963 del mismo ordenamiento sustancial, en materia contractual dispone que “Cuando concurren disposiciones de este Código y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación: a) normas indisponibles de la ley especial y de este Código”. (la negrita es nuestra)

Aplicando estos preceptos, el vocal entiende que corresponde se aplique a las acciones judiciales derivadas de dicho plexo jurídico (ley 24.240), el de cinco años establecido en el CCyC (art. 2560).
En efecto, el art. 2560 del Cód. Civ. y Com. establece una norma general, pero que tiene esa particularidad: está llamada a regir la generalidad de las relaciones de consumo, lo cual revela la intención legislativa de integrarla al sistema respectivo y, por ser esa su materia, desplazar a toda otra norma que le sea ajena, ello con fundamento en el art. 3° de la ley 24.240, en cuanto dispone que esa ley se integra con otras normas generales o especiales que también regulen relaciones de consumo,
mandando al intérprete efectuar esa integración de modo tal que cualquier duda conduzca a hacer prevalecer la solución más favorable al consumidor.
De ella resulta que la línea de corte para determinar si una norma integra o no el sistema, no es su carácter general o especial, sino que ella cumpla con los recaudos previstos en ese art. 3, a saber: por un lado, que se halle destinada a regular relaciones de consumo; y, por el otro, que lo haga de modo tal que incorpore la solución más favorable al consumidor. Aplicados los principios de dicho art. 3 al caso, es claro que, aun si se aceptara que el art. 58 LS regula esta materia, ese precepto no podría considerarse parte del sistema, toda vez que, como es claro, el art. 2.560 Cód. Civ. y Comercial también regula lo mismo y lo hace en términos que superan el test que aquella norma exige efectuar.”  (la negrita es nuestra)

Siendo compartido este criterio, se confirmó la sentencia apelada.

Dr. Jorge Oscar Rossi
Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de Morón), Abogado (U.B.A.) Profesor Titular de las materias “Teoría General de las Obligaciones”, y “Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios”. Adjunto Regular de Contratos Civiles y Comerciales en la Universidad Abierta Interamericana.

DESCARGUE EL FALLO COMPLETO

Video: SEGURO, DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y PLAZO DE PRESCRIPCIÓN: CINCO AÑOS, PORQUE ES “EL GENÉRICO” Y EL MÁS FAVORABLE

ÚLTIMAS NOTICIAS

Elecciones 2024: Contundente respaldo a la gestión con récord histórico de votos

Elecciones 2024: La Asamblea aprobó por unanimidad la memoria y balance y el presupuesto

Dr. Jorge Frega: “Es fundamental la participación del matriculado en esta elección”

PRÓXIMOS EVENTOS

REUNIÓN: INSTITUTO DE FILOSOFIA DEL DERECHO

REUNIÓN: INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

REUNIÓN: INSTITUTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL

NOVEDADES JURÍDICAS

Competencia: Una cosa es incumplir con la entrega de pasajes aéreos y otra es no prestar el servicio de transporte aéreo

VIDEO: NOTIFICACIONES Y AUDIENCIAS EN PANDEMIA Y POSTPANDEMIA

AUSPICIADO POR EL CAM – DIPLOMATURA VIRTUAL EN PROCEDIMIENTO LABORAL