En autos «Mitchell, Mary y otros contra Municipalidad de Junín sobre Inconstitucionalidad ordenanza 6187/12» el pasado 27 de agosto, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por un grupo de vecinos de la ciudad de Junín contra el municipio.  DESCARGUE EL FALLO COMPLETO

Los hechos de la demanda versan en cuanto al planteo de inconstitucionalidad de una serie de Ordenanzas mediante las cuales el consejo deliberante de la ciudad de Junín pretende llevar a cabo el plan de reubicación de la estación terminal de ómnibus, a fin de trasladarla desde la zona céntrica de la ciudad a las afueras del ejido urbano.

El conflicto se origina en relación al destino que el municipio pretende adjudicarle al predio de la ex terminal, el cual describe la parte actora catalogandolo en los términos de «megaemprendimiento edilicio» el cual consta de doscientos departamentos en torre y anexos comerciales»en una ubicación que consideran «de privilegio», en el seno de un entorno preservado, susceptible de quebrar la «armonía arquitectónica y paisajística del sector».

La actora considera que este plan de reubicación no es mas que un negocio inmobiliario encubierto, habida cuentas de que el el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Junín dictó la ordenanza 6.210/12, con objeciones del Consejo Asesor de Planeamiento, mediante la cual modificó los indicadores urbanísticos correspondientes al predio donde se encuentra la antigua terminal de ómnibus.

En lo sustancial, fijó su uso para «vivienda multifamiliar, equipamiento administrativo, comercial, financiero,institucional y de servicios», llevó el índice FOT de2.5/3 a 6.5 y alzó la densidad neta (DN) de habitantes por hectárea de 2.000 a 3.000 personas.

Así pues, mediante acción originaria de inconstitucionalidad la parte actora peticiona que se dejen sin efecto la ordenanza 6.187/12 y el decreto 1.783/12 que el municipio promulgó, mediante los cuales se autorizó la venta del inmueble donde se emplaza la terminal. Se amplia la demanda contra la ordenanza 6.210/12, que alteró singularmente los usos, índice FOT y densidad neta de habitantes para dicha parcela y el llamado a licitación pública tendiente a adjudicar la construcción de un nueva terminal de ómnibus y simultáneamente vender el terreno donde se ubicaba la anterior.

Los demandantes fundan su derecho para actuar en defensa de los intereses colectivos de la sociedad vinculados a la conservación del medio ambiente considerando que estas ordenanzas violan el articulo 28 de la Constitución de la Provincia, el cual garantiza a los habitantes en general a gozar de un ambiente saludable, entre otros.

La comuna afirma que la demanda incoada sería improponible en la medida en que por su conducto se busca invalidar ordenanzas y decretos municipales no por su oposición a la Constitución provincial, sino por su alegada repugnancia con normas de rango inferior.

Por unanimidad la Corte decide hacer lugar parcialmente a la demanda en cuanto considera en su parte pertinente por medio del voto del Dr. Soria que «los propósitos que tuvo en miras la Municipalidad de Junín al decidir relocalizar la terminal de ómnibus del centro de la ciudad a su periferia en manera alguna pueden ser objeto de reproche en este proceso. Pero el respeto de la juridicidad exige encuadrar tal decisión en el ordenamiento positivo(La negrita nos pertenece)

Cautelarmente, la Municipalidad de Junín no podrá aplicar la ordenanza 6.210/12 hasta tanto no se adecue al ordenamiento jurídico ambiental-urbanistico vigente.

En la observancia del principio preventivo es que se obliga al Tribunal a interceder, en resguardo del bien público urbano ambiental, acogiendo el planteo principal, tornando inaplicable la ordenanza 6.210/12 de la Municipalidad demandada.

«Cierto es que este Tribunal tiene dicho que en el marco de la acción originaria de inconstitucionalidad deben ser cuestionadas normas locales por su repugnancia con cláusulas de la Constitución de la Provincia, pero en casos urbano-ambientales como el presente, la violación de las reglamentaciones sobre los derechos consagrados en el art. 28 de la Constitución puede servir para evidenciar la invalidez constitucional”, agregó el Dr. Soria.

“Encontrar un equilibrio que atienda las necesidades sociales prevalentes es una responsabilidad primaria del planificador urbano local, en cuyo ejercicio goza de un apreciable arbitrio regulatorio. Pero encuentra un límite en el marco de juridicidad dentro del cual ella se desenvuelve. Precisamente en este ámbito los tribunales ejercen el control de las determinaciones lesivas de derechos individuales o de incidencia colectiva.” (La negrita nos pertenece)

Abg. Daniela Belén Velazquez

Especialista en Derecho Ambiental (U.B.A) Diplomada en Derecho Procesal (Universidad Notarial) Directora del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados de Mercedes.

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