INSTITUTO DE DERECHO ECLESIÁSTICO Y CANÓNICO

Autor: Dr. Jorge Antonio Di NiccoDirector Adjunto del Instituto de Eclesiástico y Canónico. Autor de La “canonización” de las leyes civiles: concepto, condiciones y particularidades. La temática en relación con nuestro ordenamiento estatal, ED, 267-797, “La legislación canónica: Derecho vigente para el ordenamiento jurídico argentino. Sus particularidades”, Revista Mexicana de Derecho Canónico 22/1 (2016) 109-128 y “La observancia del derecho canónico con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, ED, 263-922, entre otras publicaciones referidas a la temática.

En la provincia de Córdoba, en el marco de una demanda por violencia de género, la Justicia resolvió hacer lugar al planteo de una mujer, de fe islámica, que acudió a los tribunales porque el nuevo imán no le permitía llevar adelante su culto como lo hacía antes, (causa “K. y Otros – Denuncia por Violencia de Género”, Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 4° Nominación de la ciudad de Córdoba, 27/06/23) [1]DESCARGUE EL FALLO COMPLETO

En fallo de la Dra. Mariana Wallace[2], la denunciante fue autorizada a rezar en una mezquita de Córdoba en el mismo espacio físico en donde lo hacen los hombres, sin una barrera física (una biblioteca) que la separe de ellos; y se le permitió, también, compartir alimentos y otras actividades con varones después de la ceremonia religiosa. La jueza sostuvo que el límite para el ejercicio del derecho a profesar una religión está dado por el orden público y que el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación forma parte del orden público argentino[3].

La mujer había denunciado al nuevo imán y Sheik de la mezquita a la que asistía, porque le había impuesto practicar el rezo nuevamente con una barrera física entre ella y los hombres; y le había fijado la prohibición de comer juntos después de rezar. Para la denunciante se trataba de una imposición discriminatoria hacia su condición de mujer y por eso afirmó que estaba ante un caso de violencia de género de tipo psicológica bajo la modalidad institucional; es decir, que no podía ejercer su derecho a profesar su religión en condiciones de igualdad con los hombres en su mezquita.

La denunciante precisó que con el imán anterior ella concurría a rezar junto a su pareja los días viernes y que no era separada de los hombres por una barrera física, y que luego del rezo incluso hacía uso de la palabra, sin que esto genere ningún problema en esa comunidad religiosa.

Las citadas habilitaciones, por parte del imán anterior, no fueron objetadas por los varones de la comunidad que participaban del rezo, lo cual da la pauta que era una decisión adoptada dentro de sus atribuciones, expresó.

Por su parte, el nuevo imán negó las acusaciones diciendo que nunca tuvo intenciones de discriminar a las mujeres de su feligresía, ni en particular a la denunciante, quien no respeta, expresó, el orden establecido por el sheik -es decir, por él mismo-. En cuanto a la biblioteca para dividir hombres y mujeres explicó que era por cuestiones sanitarias durante la pandemia, añadiendo que el mueble estaba ahí para evitar que el paso de los hombres delante de ellas interrumpa su rezo; que él buscaba la paz y la concordia entre hombres y mujeres. La citada separación, puntualizó, no tiene nada que ver con una cuestión de superioridad del hombre sobre la mujer, sino que es una cultura que se viene practicando desde hace siglos y está fundada y orientada en el sentido de que la relación del creyente con Alá no se vea interferida por ninguna situación que nos aleje de la concentración y de ese diálogo con el Creador Supremo. Que todos los concurrentes a la mezquita -sean hombres o mujeres- deben atenerse a las normas que hacen al decoro, el respeto, el buen comportamiento y el acatamiento de las normas que hacen a la paz, la armonía y el respeto mutuo, según lo establece la Ley Islámica. En ese contexto invocó su propio derecho a la libertad religiosa o de culto, ligado a la propia dignidad humana, que implica reconocer al disidente, entendiendo la tolerancia como un deber de abstención.

La sentencia afirma que es importante registrar, preliminarmente, que es posible que otras prácticas, de esta y/u otras religiones, pueden ser objetadas por desconocer uno o varios derechos que les asisten a las mujeres. En lo que nos ocupa, dice, aquí se trajeron a considerar estas prácticas concretas de esta religión concreta, en esta mezquita concreta[4]. Y que se encuentran en tensión derechos consagrados en la Constitución Nacional que gozan de idéntica jerarquía, por un lado el derecho a profesar libremente un culto consagrado en el artículo 14, la libertad de conciencia consagrada en el artículo 19 invocados por ambas partes en el proceso, el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 16 y el derecho de toda mujer a vivir una vida libre de violencia consagrado en la CEDAW, la Convención Americana para Prevenir la Violencia hacia las mujeres Belem do Pará. Y continúa diciendo que una mujer, miembro de la comunidad, alega que al imponerle nuevamente las viejas prácticas ya superadas (rezar tras una biblioteca, impedir la conversación e ingesta en común con los varones de la comunidad tras el rezo), el imán la discrimina como mujer; que se produce una regresión en el ejercicio de sus derechos. Hay que determinar, se expresa en la sentencia, si tal regresión es razonable y/o justificada a la luz de nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Para la jueza, el sheik no pudo justificar, con razones de suficiente peso, el volver a las antiguas prácticas; por lo cual, retornar a superadas prácticas restrictivas es una limitación arbitraria e inconstitucional en el contexto que se trata, por lo que la denunciante tiene derecho a practicar el rezo sin una barrera física que la separa de los varones y participar de las conversaciones y consumo de comida tras el rezo en igualdad con los varones, como lo hacía con el imán anterior[5].

En el fallo se indica que el denunciado exige a su favor y de su grupo, tolerancia por parte de un Estado laico; y que son justamente esos valores de tolerancia, libertad y respeto mutuo los que obligan al tribunal a recordar al denunciado que su imposición de volver a colocar una biblioteca delante de la mujer en oportunidad de rezo, como así impedirle que comparta las conversaciones e ingesta de comida tras el rezo, no respeta a esta mujer singular. Asimismo, tolerar y respetar a un grupo no implica reconocer o legitimar que dentro del grupo pueda oprimirse a sus propios miembros, incluso si otras mujeres de la comunidad no ejercen el derecho a rezar los viernes o no reclaman por ser obligadas a hacerlo detrás de una biblioteca, afirmó. En su fallo, la jueza instó a la comunidad de la mezquita a conversar en su interior la evolución de los derechos y la evolución de las prácticas religiosas a la luz de los derechos humanos en un Estado laico y ordenó oficiar al Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG) para que articule acciones con la mezquita en cuestión que promuevan el ejercicio efectivo de los derechos de la denunciante[6].

El presidente del Centro Islámico de Córdoba dijo que este es un caso particular con este sheik de una mezquita de Alta Córdoba y que este fallo puede dejar asentada una jurisprudencia; por eso, las mujeres musulmanas del Centro interpretarán el fallo a través de abogados. Que dichas mujeres entienden que la jueza vulneró los derechos de las mujeres musulmanas y que ellas mismas, agrega, tomarán la iniciativa. Aclaró, a su vez, que la separación entre hombres y mujeres para el momento de la oración está establecida en el culto islámico, que cada mezquita tiene su propia administración, y manifestó que la jueza no puede tener injerencia en lo que cada culto es o la forma en que lleva adelante sus oraciones y su práctica.

Queda por ver cómo continuará este caso para poder arribar, frente a una sentencia definitiva, al análisis que el particular amerita. Sirvan estas líneas como una mera y simple presentación e introducción a la temática.

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[1] El caso originó repercusión en medios informativos, como puede comprobarse con una simple consulta en la web. Es de precisar que la denuncia fue realizada por el marido de la mujer, y que la representación de la denunciante, que le proveyó el Estado, estuvo a cargo de la Dra. Victoria Jalil.

[2] Jueza a cargo del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 4º Nominación de la ciudad de Córdoba.

[3] Esta última referencia en base a lo dispuesto por el artículo 6, inciso b, de la ley N° 26.485.

[4] Mezquita de barrio Cofico, Córdoba.

[5] Se aplicó el principio de no regresividad de los derechos humanos, entendido como la prohibición de adoptar medidas deliberadas que supongan el empeoramiento del nivel de goce de un derecho.

[6] Se destaca que las prácticas religiosas materia de denuncia deben ser interactuadas con la noción de desarrollo progresivo de Derechos Humanos (artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, coherente con el artículo 8 de Belém do Pará), que implica la obligación de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales.

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