Por considerar que su aplicación retroactiva afecta el derecho de propiedad e implica una quita confiscatoria en el monto del haber jubilatorio que debía percibir el actor en marzo de 2018, la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social resolvió declarar la inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley 27.426 y ordenar que la movilidad correspondiente al mes de marzo de 2018 sea determinada de conformidad con las pautas fijadas en la Ley 26.417, debiendo empezar a aplicarse la nueva fórmula de movilidad establecida por Ley 27.426 “a partir del incremento correspondiente al mensual septiembre 2018.»

Así lo decidió, el 8 de marzo, la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social, en los autos «LAVECCHIA ROBERTO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS».  VEA O DESCARGUE EL FALLO COMPLETO

La parte actora se agravia de la sentencia en cuanto ordena la redeterminación del haber inicial (PAP y PC) por los servicios prestados de manera autónoma, cuando no ha sido la pretensión original. También cuestiona la tasa de interés aplicada y la imposición de costas.

Finalmente plantea la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 de la ley 27.426.

Por su parte, la demandada se agravia de la forma de determinación del haber inicial. Asimismo es materia de agravio la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 9, 24, 25 y 26 de la ley 24241 y 9 de la ley 24463.

Respecto del planteo de inconstitucionalidad de la Ley 27.426, la Alzada destaca que «durante el transcurso del proceso, ha sido dictada la Ley 27.426 que fijó la utilización de nuevos índices para la determinación de la movilidad jubilatoria, ello así, de conformidad con reiterada doctrina de la C.S.J.N., la decisión deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuran circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir (Fallos: 308:1489; 312:555; 315:123, entre muchos otros y recientemente reiterado en Fallos: 341:124 y 341:266, sentencias del 20/02/2018 y del 22/03/2018, respectivamente, donde sostuvo que si en el curso del proceso se dictan nuevas normas atinentes a la materia debatida, la decisión deberá atender también a las reformas introducidas por esas reglas).» (la negrita es nuestra)

En cuanto a la fórmula de ajuste por movilidad de haberes, el tribunal advierte que la misma «fue modificada por el art. 1º la Ley 27.426, quedando ahora el art. 32 de la ley 24.241 redactado de la siguiente forma: “las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del art. 17 de la 24.241 y sus modificaciones, serán móviles. La movilidad se basará en un setenta por ciento (70%) en las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor nacional, elaborado por el INDEC, y en un treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), conforme la fórmula que se aprueba en el Anexo de la presente ley, y se aplicará trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario…”; asimismo, en el art. 2º de la Ley se dispuso que la primera actualización en base a la nueva movilidad dispuesta se haría efectiva a partir del 1° de marzo de 2018.» (la negrita es nuestra)

Al respecto, la Sala entiende que «la norma, cuya inconstitucionalidad se pretende en el caso de autos, al derogar la anterior fórmula de movilidad establecida por la Ley 26.417, deja sin efecto el ajuste que ésta contemplaba y ordena aplicar un nuevo cálculo de la movilidad a periodos abarcados por la anterior ley, con carácter retroactivo, alterando con ello el alcance jurídico de las consecuencias de los actos o hechos realizados en su momento bajo el anterior régimen legal.

Es decir que en el supuesto de haberes percibidos bajo el régimen anterior, donde la situación jurídica se consolidó al amparo de la ley derogada, y respecto de los cuales el jubilado tenía un derecho adquirido a que el reajuste se realizara conforme la misma, la modificación de la fórmula se traduce en lesión constitucional del derecho de propiedad, máxime cuando la misma arroja un porcentaje de actualización sensiblemente inferior al que resultaría de aplicar la anterior norma y deja fuera del cálculo todo un trimestre que ya se había devengado.

…Concretamente, la Ley 27.426 establece que la recomposición del haber se dará en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.

Para determinar el porcentaje correspondiente a marzo se considerará el porcentaje que arroje la fórmula en función de la variación del IPCN y del RIPTE en el tercer trimestre del año previo (julio – septiembre). Para junio, se tomarán los datos del período que va de octubre a diciembre; y así sucesivamente (para septiembre y diciembre, las referencias del primer y el segundo trimestre respectivamente).” (la negrita es nuestra)

En otras palabras, “para el aumento de marzo 2018, con la normativa anterior el cierre se hubiese producido el 31.12.2017, mientras que con la nueva fórmula, dicho cierre se retrotrajo a septiembre de 2017, cuando ya se habían devengado más de 5 meses, que conforme la ley 26.417, hubiesen formado parte de la movilidad de marzo 2018.

Produciéndose así un atraso de seis meses en el periodo de referencia, y difiriéndose el último trimestre para el aumento correspondiente a junio de este año(la negrita es nuestra)

Por otra parte, «(p)or Resolución E 2/2018 de la S.S.S., el valor de la movilidad correspondiente al mes de marzo de 2018, fue establecido en un 5,71%, conforme lo previsto en la Ley 27.426 (ver art. 1 de la resolución citada publicada en el B.O. el 15/2/2018), cuando el porcentaje previsto conforme la fórmula de la Ley 26.417, estaba estimado entre un 12% y 14% (cfr. Stang, Silvia, “Alertas y propuestas por el cambio en la formula de movilidad jubilatoria”, La Nación, 10/12/2017; Jauregui, Guillermo “Comentario a la Ley 27.426 de reforma previsional”, RJYP T. XXVII, pág. 499, entre otros).” (la negrita es nuestra)

Dichos porcentajes, llevados al caso concreto de autos, “implican una quita confiscatoria en el monto del haber que debía percibir el titular para el mensual de marzo de 2018, de haberse aplicado el régimen de la ley 26.417, afectando derechos alimentarios que cuentan con garantía constitucional y vulnerando así los arts. 14 bis y 17 de la C.N.» (la negrita es nuestra)

Por otra parte, «la aplicación retroactiva antes aludida, atento el resultado precedentemente expuesto, vulnera los principios de progresividad y de no regresividad de los Derechos Económicos, sociales y culturales, consagrados en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, incorporados al texto de la Carta Magna, conforme el art. 5. Inc. 22 de la C.N.” (la negrita es nuestra)

 En el caso de autos, «la modificación introducida tiene un neto carácter regresivo, por cuanto la afectación de la movilidad dispuesta por la ley anterior se traduce en un perjuicio económico confiscatorio para el beneficiario, reduciendo en forma retroactiva el monto del haber que le hubiese correspondido.

La modificación de la fórmula de cálculo de la movilidad, no puede proyectarse en perjuicio de los jubilados y pensionados, debiendo adoptarse la solución que mejor se adecue a los principios y garantías de la Constitución Nacional y favorezca la progresividad de los derechos humanos.» (la negrita es nuestra)

Por lo expuesto, «corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley 27.426, y admitir parcialmente la pretensión del titular, ordenando que para determinar la actualización de las remuneraciones correspondiente al mes de marzo de 2018, el cálculo se realice de conformidad con las pautas fijadas en la Ley 26.417, debiendo considerarse las sumas percibidas al momento de determinar los subsiguientes ajustes a fin de evitar la superposición de periodos.» (la negrita es nuestra)

 Respecto de la movilidad correspondiente a los periodos posteriores, «cabe estarse a los lineamientos dispuesto por el nuevo régimen de movilidad, toda vez que, basándose la nueva fórmula en un porcentaje determinado tanto por el RIPTE como por el Índice de Precios al Consumidor, cualquier impugnación actual de dichas pautas resultaría hipotética y prematura, no habiéndose logrado demostrar que la misma no respeta la garantía constitucional consagrada en el art. 14 bis.» (la negrita es nuestra)

En definitiva y respecto del tema en análisis, el tribunal resolvió «(d)eclarar la inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley 27.426, de conformidad con los considerandos precedentes…» y «(o)rdenar que la movilidad correspondiente al mes de marzo de 2018 sea determinada de conformidad con las pautas fijadas en la Ley 26.417, debiendo empezar a aplicarse la nueva movilidad establecida por Ley 27.426 a partir del incremento correspondiente al mensual septiembre 2018.» 

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