La Cámara Nacional en lo Civil declaró mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la Defensoría de Menores e Incapaces, por entender que «la Defensora de Menores no reviste el carácter de parte en el presente proceso de desalojo, y sólo tendrá intervención en la etapa de ejecución, una vez ordenado el lanzamiento”.

Así lo resolvió la Sala J, el 11 de julio, en los autos «GRAN REX SRL c/ ESPINOZA DELGADO, JOHANA ANYELINA Y OTROS s/DESALOJO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO». DESCARGUE EL FALLO COMPLETO

El Defensor de Menores e Incapaces apeló la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda de desalojo por vencimiento de contrato.  El recurso fue mantenido y fundado por la Sra. Defensora de Menores e Incapaces de Cámara, agraviándose por entender que se ha hecho lugar al desalojo, haciendo caso omiso de la situación de sus asistidos, sin resolver previamente su situación habitacional, en violación a la normativa constitucional. Además, solicita el libramiento de oficios a los organismos tutelares a los que hace mención, para que adopten las medidas protectorias pertinentes, y peticiona la suspensión del trámite del proceso.

En la Alzada se destacó que «la  función que pueden y deben desempeñar los representantes del Ministerio Pupilar en este tipo de causa se endereza a verificar que los niños y adolescentes no se vean privados de su derecho a una vivienda la que, obviamente, debe serles proporcionada, en primer término, por sus padres y demás obligados alimentarios y, ante la imposibilidad de éstos de garantizarles tal derecho, recurrir a las autoridades administrativas competentes.» (la negrita es nuestra)

Por ello, «corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público Pupilar, a los fines antes señalados, la sentencia que ordena el desalojo de un inmueble en el que habitan personas menores de edad, a fin de que se adopten las medidas que se estimen oportunas para garantizar la tutela y defensa de los derechos de los niños a contar con una vivienda acorde a sus necesidades. (Ver esta Sala en autos “Lattuga, Rosa Nilda c/ Zaracho, Carlos Roque s/ desalojo por falta de pago” (Expte. N° 35.602/2009), del 24/08/10; ídem en autos “Toledo, Claudia E. c. Edwards, Noemí C. y otro s/ desalojo por vencimiento de contrato”, del 26/10/2017 • LA LEY 12/12/2017 , 8 LA LEY 2017-F , 431 •AR/JUR/76021/2017)» (la negrita es nuestra)

Sin embargo, «(e)n el caso de autos, cabe destacar que el lanzamiento ordenado aún no se ha concretado(la negrita es nuestra)

El Tribunal recordó que “esta Excelentísima Cámara ha resuelto que en un procedimiento de desalojo que ordena el lanzamiento de un inmueble donde existen menores estos no adquieren calidad de parte, ni es razón suficiente para que intervenga por ello el Ministerio Público en esa misma calidad. El alcance de la actuación del Defensor de Menores en la hipótesis de desahucio del bien objeto del litigio en el que residen menores debe circunscribirse a velar para que se dé estricto cumplimiento a las medidas previstas por la Resolución de la Defensoría General de la Nación N°1119/08…” (la negrita es nuestra)

Así, la Sala concluye que «la intervención de los organismos encargados de la defensa de los niños deberá estar presente en la oportunidad de ordenarse el lanzamiento, si es que aquél se verifica luego del curso del pleito, y son ellos los que deben encontrar las vías adecuadas para que los niños involucrados no padezcan perjuicios injustos, y a su vez que el actor no vea afectado se derecho a recuperar el bien…» (la negrita es nuestra)

En ese sentido, «la Defensora de Menores no reviste el carácter de parte en el presente proceso de desalojo, y sólo tendrá intervención en la etapa de ejecución, una vez ordenado el lanzamiento (la negrita es nuestra)

Sin perjuicio de ello, “corresponde hacer lugar al pedido de libramiento de oficios formulado a fs…, a los organismos allí indicados, a fin de que se adopten la medidas de protección integral de las menores, dentro del plazo que, a tal efecto, deberá fijar la Sra. Juez “a quo”. (la negrita es nuestra)

En consecuencia, el Tribunal resolvió declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la Defensoría de Menores e Incapaces y, por otro lado, hizo lugar al pedido de libramiento de oficios formulado, cuya confección y diligenciamiento se encontrará a cargo de la parte demandada.

Dr. Jorge Oscar Rossi
Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de Morón), Abogado (U.B.A.) Profesor Titular de las materias “Teoría General de las Obligaciones”, y “Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios”. Adjunto Regular de Contratos Civiles y Comerciales en la Universidad Abierta Interamericana.

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