Un juez nacional en lo Criminal y Correccional declaró la inconstitucionalidad de la Acordada de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional que recomendaba reducir la sobrepoblación carcelaria. El magistrado consideró que la misma contraviene el principio de independencia judicial.

Así lo resolvió el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37, Dr. Jorge A. de Santo, el 2 de mayo, al hacer lugar a la acción de amparo registrada bajo el nro. 21.053/2020. DESCARGUE EL FALLO COMPLETO

La misma fue iniciada por la Asociación Civil Usina de Justicia, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la Acordada nro. 5/2020 y se resuelva su absoluta inaplicabilidad para todos los Magistrados de Primera Instancia de este Fuero, por haberse violado la Ley Nacional de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delito, nro. 27.372, y por haberse afectado el principio constitucional de independencia de los jueces.

Recordemos que por la Acordada 5/2020 de fecha 23 de abril del corriente año, los miembros de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, acordaron “1) Recomendar a los magistrados del fuero criminal y correccional de la Capital Federal que, con base en la doctrina que emana de los reiterados precedentes de este tribunal, extremen los recaudos para coadyuvar a la más pronta disminución de la sobrepoblación carcelaria, atendiendo prioritariamente, en la medida que el caso así lo permita, la situación de los internos que conformen los grupos de riesgo descriptos por la autoridad sanitaria.

2) Hacer saber que la recomendada atención a la jurisprudencia de esta cámara, por parte de las distintas instancias del fuero, requerida al momento de decidir cada caso, tiene por finalidad evitar un siempre perjudicial desgaste jurisdiccional, que, en las actuales circunstancias, redundará en la conjura de las consecuencias que ese innecesario dispendio podría importar para la salud de las personas privadas de libertad dentro de los establecimientos carcelarios, así como para la del personal penitenciario en el marco del desempeño de sus funciones.”  (la negrita es nuestra)

Respecto de la procedencia del amparo, el magistrado señaló que “la doctrina se ha diferenciado por un lado entre teorías absolutamente restrictivas que entienden que el amparo no resulta viable contra cualquier acto emanado de un órgano del Poder Judicial, y, por otro lado las teorías amplias entienden que este alcance solo llega a los actos jurisdiccionales y en modo alguno a los actos emanados de meras funciones administrativas las que sí pueden ser revisadas mediante esta acción.

Y, sobre esta última teoría es en la que me encuentro alineado pues entiendo que efectivamente por medio de la acción de amparo puede ser revisada cualquier arbitrariedad de tipo administrativa que emane de un órgano judicial y que pueda en este sentido, alterar la seguridad jurídica que emanan de las leyes procesales y concordantes a las cuales me he referido precedentemente.” (la negrita es nuestra)

En ese sentido, el juez recalcó que “si bien la Excma. Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal efectuó una “recomendación” para que, conforme lo que ello significa según así lo define la Real Academia Española, es decir aconsejar a alguien sobre lo que puede o lo que debe hacer por su propio bien o en su propio beneficio, dicha postura contraviene con el principio de independencia que ostentamos todos los magistrados…

Cada Juez no solamente tiene un control de un superior inmediato, sino en el caso que violara alguna disposición legal al momento de hacer lugar o no a una excarcelación, tiene el control de las partes y más aun en cabeza del Ministerio Público Fiscal quien ostenta la función de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República conforme lo establece el artículo 120 de la Constitución Nacional. Además de la intervención que le cabe al Ministerio Público de la Defensa y como se resaltara en puntos anteriores, el rol de la víctima el cual ya se encuentra legalmente amparado y que no puede desconocerse.

Por ello, el juez debe resolver en causa propia y si se aparta de los principios legales deberá responder no solamente conforme con las sanciones previstas en el Código Penal sino también ante el Consejo de la Magistratura.

Teniendo en cuenta todo esto es que la independencia del Juez es absoluta y no puede estar limitada ni acotada a recomendaciones que emanen de un tribunal superior.(la negrita es nuestra)

Asimismo, el Dr. de Santo trajo a colación el pronunciamiento de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en pleno, “quienes con fecha 16 de abril de 2020 expresaron ante la nota remitida por el Dr. Francisco M. Mugnolo -Procurador Penitenciario de la Nación- “…hacer saber al oficiante que no se considera procedente por vía de superintendencia, discernir lineamientos en materia de adopción de medidas alternativas al encarcelamiento, en tanto éstas son inherentes al ámbito de valoración en cada caso concreto y propias de la decisión jurisdiccional de los magistrados del proceso, sujeta además a revisión a través del ejercicio de los recursos pertinentes.” (la negrita es nuestra)

Por ello, el magistrado decidió declarar la inconstitucionalidad de la Acordada 5/2020 emanada de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal con fecha 23 de abril de 2020.

Dr. Jorge Oscar Rossi
Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de Morón), Abogado (U.B.A.) Profesor Titular de las materias “Teoría General de las Obligaciones”, y “Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios”. Adjunto Regular de Contratos Civiles y Comerciales en la Universidad Abierta Interamericana.

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