La Cámara Federal de La Plata confirmó la sentencia que responsabilizó al Estado Nacional, con aplicación del art. 42 de la Constitución Nacional, por los daños sufridos por un pasajero, quien cayó a las vías, sufriendo graves lesiones.

Si bien no estaba vigente la actual ley nacional de responsabilidad del Estado, el planteo constituye un interesante precedente pues hace hincapié en el art. 42 de la Constitución Nacional, con primacía sobre normas legales, como podría ser el art. 6 de la ley 26.944, de responsabilidad del Estado, que establece que el Estado «no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada.»

Así lo resolvió la Sala l, el 27 de diciembre de 2019, en los autos «LOPEZ MIGUEL ANGEL C/ UNIÓN DE GESTIÓN OPERATIVA FERROVIARIA DE EMERGENCIA UGOFE S.A. LINEA GENERAL ROCA Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS”.  DESCARGAR EL FALLO COMPLETO

El actor promovió demanda por daños y perjuicios, contra “la Unión de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia-UGOFE S.A. Línea General Roca, Estado Nacional, y/o quien/es resulten propietarios/usuarios/usufructuarios/ poseedores o explotadores y/o tenedores y/o legalmente responsables de la formación ferroviaria –locomotora y vagones- de la Línea General Roca” a bordo del cual circulaba el día 8 de junio de 2012 siendo aproximadamente las 19 hs., en circunstancias en que se encontraba a bordo de una formación ferroviaria de la Línea General Roca (Ramal Capital Federal- Quilmes Bosques), operada por la UGOFE S.A., sufre un grave accidente ferroviario.

Señala que se dedica a la venta ambulante en la ciudad de Quilmes y que ingresó al vagón en la estación Quilmes a fin de dirigirse a su domicilio del partido de Florencio Varela, habiendo logrado ingresar a la formación ferroviaria con mucho esfuerzo debido al hacinamiento de gente.

Explicó que al  comenzar a circular el tren con la totalidad de sus puertas abiertas, resultando físicamente imposible cerrarlas debido a que se encontraba colmado de pasajeros, se produce un forcejeo y avalancha en el lugar en el cual se encontraba, provocando que los pasajeros que se hallaban allí apiñados comiencen por la propia inercia a empujarse unos con otros y a desplazarse.

Esto provocó que el actor fuera empujado por la masa de gente hacia la puerta del vagón, cayendo sobre el terraplén de las vías, sufriendo graves politraumatismos.

La sentencia de primera instancia no hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado Nacional; hizo lugar en forma parcial a la demanda por daños y perjuicios y, en consecuencia, condenó a las codemandadas Unidad de Gestión Ferroviaria de Emergencia S.A.  (UGOFE S.A.) y al Estado Nacional a indemnizar los daños, fijando una causalidad concurrente en un 30% a la parte actora y un 70 % a las demandadas.

Apelada la sentencia por ambas partes, en la Alzada el vocal preopinante, Dr. Reboredo, comenzó por destacar que la legislación aplicable es la de la época en que tuvo lugar el hecho dañoso.

En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Estado Nacional, con remisión a precedentes de la Cámara, el magistrado señaló que «con la constitucionalidad de la tutela de los consumidores y usuarios (art. 42 C.N.) y, por tanto de la responsabilidad de quienes ocasionaron el daño, considero que no puede mantenerse el enfoque que limitaba la responsabilidad del concesionario, liberando de ella al Estado concedente.

Con este marco, los perjuicios cuya indemnización se persigue reparar, se originaron por la violación de deberes que comprometen el orden público, la seguridad de las personas, etc. , circunstancias que, si bien fueron cometidas por un concesionario de un servicio público (transporte ferroviario) ,evidencian una falta de control o seguimiento de las obligaciones de éstos por parte del Estado concedente.» (la negrita es nuestra)

Por nuestra parte, destacamos la importancia de este enfoque, que hace hincapié en el art. 42 de la Constitución Nacional, con primacía sobre normas legales o infralegales, dado que en futuros casos se invocará por parte del Estado el art. 6 de la ley 26.944, de responsabilidad del Estado, que establece:

«ARTICULO 6° — El Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada.»

Respecto de la concurrencia de culpas, el vocal señaló que «la prueba concluyente de la ruptura del nexo causal  -que no deje lugar a dudas-  a través de la configuración de alguna de las causales a que alude la norma del art. 184 del C. Com. debe ser aportada por la empresa prestadora del servicio(la negrita es nuestra)

Agregamos que el actual Código Civil y Comercial también establece, en el art. 1286, la responsabilidad objetiva del transportista, al remitir a los arts. 1757 y siguientes, por lo que la solución no variaría, en ese aspecto, en un caso actual similar al que estamos reseñando. De todas maneras, en cuanto a la responsabilidad del Estado, insistimos en que el actual marco legal (tanto por la ley 26.944, como por los arts. 1764 a 1766 del CCC), apuntan a excluir la aplicación del Código Civil y Comercial a los casos de responsabilidad del Estado y de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Por eso destacamos la importancia de un planteo que se apoye en normas constitucionales.

Por otra parte, el vocal señala que «de autos surge que también existió culpa de la víctima, quien observó una conducta desacertada al viajar en un lugar impropio que contribuyó a producir el accidente, con lo cual se advierte que la conducta del actor tuvo incidencia causal en el suceso acaecido…» (la negrita es nuestra)

De la prueba surge que el actor «viajaba en el espacio entre las puertas de ingreso y egreso a los vagones».

Siendo compartido este criterio, se confirmó la sentencia de primera instancia.

Dr. Jorge Oscar Rossi
Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de Morón), Abogado (U.B.A.) Profesor Titular de las materias “Teoría General de las Obligaciones”, y “Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios”. Adjunto Regular de Contratos Civiles y Comerciales en la Universidad Abierta Interamericana.

DESCARGAR EL FALLO COMPLETO

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vacunación: La abogacía pide explicaciones a la SCBA

Conflicto con ANSES: Se resolvió iniciar acciones judiciales

Dr. Jorge Frega sobre la modificación en ganancias y monotributo: “No son soluciones de fondo”

PRÓXIMOS EVENTOS

LAS MUJERES Y EL DERECHO PENAL

NUEVA LEY DE ALQUILERES Y REGISTRACIÓN DE CONTRATOS EN AFIP

EL PROCESO DE EJECUCIÓN FISCAL

NOVEDADES JURÍDICAS

LA ENSEÑANZA LAICA DEL HECHO RELIGIOSO Y EL CASO DE UN MAESTRO FRANCÉS

VideoDoctrina: Boleto de Compraventa celebrado por videoconferencia

El poder para actuar en juicio no se tiene que hacer por escritura

Menú