La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que había confirmado la sentencia del Tribunal de Trabajo n°1 del Departamento Judicial de Morón por el que se había condenado a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo a resarcir los daños y perjuicios derivados de la muerte de un chofer en un accidente de tránsito ocurrido el 16 de agosto de 2008.

El Máximo Tribunal consideró que si bien no existe razón para poner a una aseguradora de riesgos del trabajo al margen del régimen de la responsabilidad civil en el caso, las omisiones que se le imputaron a la recurrente no aparecen como determinantes de la producción del luctuoso accidente por cuya reparación se demandó.

Así lo resolvió el 2 de julio, en los autos “Recurso de hecho deducido por Experta ART S.A. en la causa Ríos, Eliana Melisa c/ Transporte Echeverría S.R.L. y otro s/ indemnización por muerte”.  DESCARGAR EL FALLO COMPLETO

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, al desestimar el recurso local de inaplicabilidad de ley, confirmó el pronunciamiento del Tribunal del Trabajo n° 1 de Morón que había hecho lugar al reclamo de la parte actora tendiente a obtener la reparación integral de los daños producidos por la muerte de una persona en un accidente de trabajo ocurrido el 16 de agosto de 2008, en circunstancias en que el camión que conducía, por razones que se desconocen, invadió el carril de la mano contraria e impactó de frente contra otro vehículo.

En consecuencia, condenó en forma concurrente a la empleadora y a QBE Argentina ART S.A. a abonar a las hijas del causante la suma de $ 1.567.698,63 más intereses. La Corte bonaerense sostuvo que la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) impuestas en la ley 24.557, en el marco de un accidente laboral, constituía una cuestión privativa de los jueces de grado no revisable en casación salvo absurdo o error grave, circunstancias que no se presentaban en el caso.

El Tribunal del Trabajo n° 1 de Morón atribuyó responsabilidad por omisión (art. 1074 del Código Civil derogado) a la ART por no haber efectuado inspecciones, dado recomendaciones ni realizado tareas de prevención antes del fallecimiento del trabajador.

Por su parte, la ART dedujo el recurso extraordinario cuya denegación originó el recurso de queja. Sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad la apelante cuestiona que el a quo, mediante argumentos genéricos y de carácter formal, haya soslayado las impugnaciones que llevó a su conocimiento, en especial, la atinente a que se le endilgó responsabilidad civil en los términos del art. 1074 del entonces vigente Código Civil, por incumplimientos que no habrían guardado nexo de causalidad adecuada con el siniestro padecido por el trabajador.

El Máximo Tribunal, en el voto firmado por los ministros Rosenkrantz, Highton de Nolasco, Maqueda y Lorenzetti, consideró que el a quo omitió dar respuesta al planteo sustancial y dirimente, articulado oportunamente por la apelante, que procuraba demostrar que el tribunal de origen no había analizado de manera circunstanciada qué tipo de relación pudo haber existido entre la ausencia de inspecciones y recomendaciones por parte de la ART y el cambio de carril operado por el trabajador que derivó en el impacto fatal y cuya motivación no pudo ser esclarecida en la causa penal. Es que si bien, como reiteradamente lo ha sostenido esta Corte, no existe razón para poner a una aseguradora de riesgos del trabajo al margen del régimen de la responsabilidad civil (Fallos: 332:709; 334:573, entre otros), no lo es menos que, en el caso, las omisiones que se le imputaron a la recurrente no aparecen como determinantes de la producción del luctuoso accidente por cuya reparación se demandó, con lo que queda descartado el presupuesto normativo del art. 1074 del Código Civil en el que se sustentó la sentencia convalidada por la máxima instancia judicial provincial…” (la negrita es nuestra)

Por lo anterior, la Corte señaló que “la decisión impugnada carece del debido sustento y debe ser dejada sin efecto con arreglo a la doctrina de esta Corte en materia de arbitrariedad” y resolvió dejar sin efecto la sentencia apelada, mandando devolver la causa al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. (la negrita es nuestra)

Dr. Jorge Oscar Rossi
Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de Morón), Abogado (U.B.A.) Profesor Titular de las materias “Teoría General de las Obligaciones”, y “Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios”. Adjunto Regular de Contratos Civiles y Comerciales en la Universidad Abierta Interamericana.

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