La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, resolvió que para regular los honorarios de los mediadores por las labores realizadas durante la vigencia del decreto reglamentario 2530/10, actualmente derogado, si bien resultan aplicables las reglas del art. 1255 del CCC, “puede tomarse válidamente como pauta de trabajo la retribución que resultaría de la aplicación del Decreto 43/2019”. Siguiendo tal pauta resolvió elevar los honorarios de la mediadora interviniente.

El Tribunal aclaró que el nuevo decreto reglamentario se aplica “como guía intepretativa, en orden a buscar algunas reglas medianamente claras, uniformes y previsibles para la dinamización de las previsiones del art. 1255” del CCC. Esta última norma prescribe que «Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución».

Así lo resolvió el 2 de mayo en los autos “CONTRERAS RICARDO DANIEL C/ PERNIA MARTIN GUILLERMO GUSTAVO Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”.

En el mismo, apelados los honorarios de la mediadora interviniente, el vocal preopinante, Dr. Gallo, expresó que “…las reglas del art. 1255 en cuestión devienen plenamente aplicables a supuestos como los de autos.”

Recordemos que el citado artículo 1255 del CCC ha sido invocado por los jueces en los últimos tiempos han recurrido los jueces para reducir honorarios de abogados y mediadores. Sin embargo, por su redacción, también es apto para aumentar los honorarios que surgen de la aplicación literal de las leyes arancelarias locales o cuando estas no prevén situaciones especificas:

“ARTICULO 1255.- Precio. El precio se determina por el contrato, la ley, los usos o, en su defecto, por decisión judicial.

Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios. Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución…”

Nótese que su redacción no es idéntica a la de su “antecesor”, el artículo 1627 del Código Civil derogado:

Art. 1.627. El que hiciere algún trabajo, o prestare algún servicio a otro, puede demandar el precio, aunque ningún precio se hubiese ajustado, siempre que tal servicio o trabajo sea de su profesión o modo de vivir. En tal caso, entiéndese que ajustaron el precio de costumbre para ser determinado por árbitros.

Las partes podrán ajustar libremente el precio de los servicios, sin que dicha facultad pueda ser cercenada por leyes locales. Cuando el precio por los servicios prestados deba ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de normas locales, su determinación deberá adecuarse a la labor cumplida por el prestador del servicio, los jueces deberán reducir equitativamente ese precio, por debajo del valor que resultare de la aplicación estricta de los mínimos arancelarios locales, si esta última condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida. (Párrafo incorporado por art. 3° de la Ley N° 24.432 B.O. 10/1/1995.)

Siguiendo con el fallo “Contreras” y la aplicación al mismo del art. 1255 CCC, el camarista advierte que “…cuando llega el momento de determinar cuál es la suma que -a la luz de las previsiones de dicho artículo- resultaría ajustada a un standard de razonabilidad (porque la norma deja expuesta una regla abierta y muy flexible) entiendo que la solución puede pasar por adoptar -como pauta de ponderación- las reglas del Decreto 43/2019.”

Acto seguido, el Dr. Gallo, aclara que no procede “así por considerar que sea este Decreto el que debe ser aplicado para determinar los estipendios, por la sencilla razón de que las labores fueron efectivizadas con anterioridad a su entrada en vigencia (cfe. el criterio adoptado por la SCBA en “Morcillo”; ver, asimismo, GOUVERT, Juan F., Eficacia temporal del nuevo escalafón arancelario de la mediación bonaerense en particular, con proyección a los abogados en general, LLBA Abril 2019, nro. 2, p. 1) sino -insisto- como guía intepretativa, en orden a buscar algunas reglas medianamente claras, uniformes y previsibles para la dinamización de las previsiones del art. 1255.”

“Ello así en tanto el aludido Decreto 43/2019 ha procurado zanjar la situación arancelaria que se daba con el anterior derogado (2530) con lo cual, desde mi punto de vista, parece adecuado abrevar en él como pauta de trabajo, antes que estar operando con otro tipo de parámetros, que pueden arrojar soluciones desiguales, poco previsibles o mas bien subjetivas.-

En suma: en aquellos casos en que resulte necesario dinamizar las previsiones del art. 1255 del CCyCN para fijar los estipendios de los mediadores, entiendo que puede tomarse válidamente como pauta de trabajo la retribución que resultaría de la aplicación del Decreto 43/2019.” (la negrita es nuestra)

Así, en el presente fallo “de conformidad con lo preceptuado por el art. 27, inc. 7, del Dec. 2.530/10, reglamentario del art. 31 de la Ley 13.951 (vigente al momento de efectuarse los trabajos -esta Sala causa nro. MO-12359-2017, R.S. 12/19-), y lo dispuesto por el art. 1.627 del Código Civil (actual art. 1.255 C.C.C.N.), siguiendo las pautas antedichas para la determinación del monto, resultando reducidos los honorarios fijados en la resolución recurrida a favor de la Mediadora,deberán elevarse a la suma de pesos ochenta y cinco mil ($85.000.-), con más la adición legal.”

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