INSTITUTO DE DERECHO ECLESIÁSTICO Y CANÓNICO

BREVE REFERENCIA A LA RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA DE UNA DIÓCESIS POR EL DELITO COMETIDO POR UN SACERDOTE INCARDINADO EN ELLA

Autor: Dr. Jorge Antonio Di Nicco. Director Adjunto del Instituto de Eclesiástico y Canónico. Autor de La “canonización” de las leyes civiles: concepto, condiciones y particularidades. La temática en relación con nuestro ordenamiento estatal, ED, 267-797, “La legislación canónica: Derecho vigente para el ordenamiento jurídico argentino. Sus particularidades”, Revista Mexicana de Derecho Canónico 22/1 (2016) 109-128 y “La observancia del derecho canónico con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, ED, 263-922, entre otras publicaciones referidas a la temática.

Sabido es que el desempeño de los oficios eclesiásticos lleva consigo la asunción de responsabilidades canónicas, pero también lleva consigo la asunción de responsabilidades civiles; de allí el particular de la responsabilidad civil subsidiaria que correspondería a la entidad eclesiástica incardinante.

Por oficio eclesiástico se entiende cualquier cargo, constituido de manera estable por disposición divina o eclesiástica, que haya de ejercerse para un fin espiritual (canon 145 § 1 del Código de Derecho Canónico). A su vez, es necesario que todo clérigo esté incardinado o bien a una Iglesia particular o prelatura personal, o bien a algún instituto de vida consagrada o sociedad de vida apostólica que goce de esta facultad, de tal forma que de ninguna manera se admitan los clérigos acéfalos o vagos (canon 265 del Código de Derecho Canónico).

La comisión de un delito por parte de un miembro del clero da lugar a una responsabilidad penal; pero, no debe olvidarse la responsabilidad  civil derivada del acto criminal. Esta última responsabilidad puede alcanzar, de forma subsidiaria, al ente incardinante del oficio eclesiástico. Es decir, a la entidad eclesiástica bajo cuya autoridad se ejerce y que tiene un deber de vigilancia sobre sus actos.

Ante la responsabilidad directamente penal de los titulares de oficios eclesiásticos encontramos la reclamación de responsabilidad civil subsidiaria a la Iglesia por los delitos cometidos.

La relación de subordinación entre el presbítero y el Obispo diocesano que surge de la ordenación y la incardinación no puede compararse con la subordinación que en la sociedad civil existe en la relación entre empleador y empleado, ya que no se apoya solamente en el deber de obediencia requerido.

En el presbítero diocesano la subordinación se limita al ejercicio del ministerio que realiza en comunión jerárquica con su Obispo. En vista de ello, no puede afirmarse que trabaja para él; gozando de una iniciativa legítima y de una justa autonomía, tanto en el ejercicio del ministerio como en su vida personal y privada. El Obispo no sería jurídicamente responsable de los actos delictivos de sus sacerdotes. Sin perjuicio de ello, desde una perspectiva jurídica canónica, tiene un deber de vigilancia y cuidado sobre deberes generales del estado clerical y del ministerio de los sacerdotes. En pocas palabras, la responsabilidad del Obispo diocesano se daría en cuanto a su deber de supervisión, pero solo si el Obispo se hubiera desinteresado en implementar la asistencia necesaria requerida por las normas canónicas, o si, consciente de actos incluso criminales cometidos por el presbítero, no hubiese adoptado los recursos pastorales apropiados. Es de referir que en el ordenamiento canónico no se contempla la responsabilidad objetiva que se haría recaer sobre el Obispo por ser el superior.

Ahora bien, descartar la responsabilidad del ente incardinante es complejo, ya que en el marco civil se señalaría una responsabilidad civil por culpa in vigilando o in eligendo, en los casos de prevalimiento por la condición clerical, en que los daños provocados por el titular del oficio los ha cometido en el ejercicio de su ministerio y apoyado en su posición eclesiástica, aunque se podría plantear también si procede de la concesión de un oficio a persona no idónea, dentro de la responsabilidad por actos administrativos.

Queda en claro que en los casos de responsabilidad civil subsidiaria el obligado resultaría el ente incardinante, con independencia de la persona que esté al frente del mismo

También queda en claro que no estamos aquí hablando del caso en que el Obispo o Superior hayan omitido las debidas actuaciones una vez conocidos los hechos o hayan tratado de ocultarlas, pues su responsabilidad ya no sería únicamente de orden civil.

Para un mayor desarrollo de la presente temática puede verse, entre otros, a Ángel López-Sidro López, La responsabilidad civil y penal de los titulares de oficios eclesiásticos según el derecho estatal, Ius Canonicum 59 (2019) 183-217. Material que ha servido de base para este breve trabajo; el cual no pretende agotar el análisis jurídico civil-canónico, sino, por el contrario, solamente introducir en el particular.

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