El DNU 274/2019 deroga la ley 22802, de Lealtad Comercial, establece un nuevo régimen en la materia y modifica la ley 26.993, creando un sistema electrónico de resolución de conflictos, optativo para el consumidor y obligatorio para el proveedor. TEXTO DEL DECRETO 274/2019

El decreto de Necesidad y Urgencia fue publicado el 22 de abril, en el Boletín Oficial.

En su art. 25 se designa autoridad de aplicación a la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO,

Más allá de su dudosa constitucionalidad, estando en sesiones ordinarias el Poder Legislativo y sin que se explique cuáles son las razones de necesidad y urgencia que ameriten este remedio excepcional, la nueva norma busca describir y sancionar prácticas de competencia desleal, protegiendo no solo a consumidores, sino «a todos los participantes del mercado» de actos realizados antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse (ver arts. 4 y 5).

Estos actos de competencia desleal se describen, en el art. 9, como «toda acción u omisión que, por medios indebidos, resulte objetivamente apta para afectar la posición competitiva de una persona o el adecuado funcionamiento del proceso competitivo.»

Más allá de la vaguedad de la expresión «medios indebidos» que es, precisamente, el tema clave para dilucidar si estamos ante un acto de competencia «desleal» o no, el artículo 10 brinda una serie de ejemplos que permiten esclarecer la cuestión.

Por su parte, los arts. 11 a 15 regulan la publicidad engañosa, prohibida (tema también tratado en el art. 1101 del CCC) y comparativa. Los arts. 16 a 24 se ocupan de la información relativa a la identificación de productos y las «denominaciones de origen».

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Según el art. 30, el procedimiento de sanción de los actos previstos en este decreto, se iniciará de oficio o a través de denuncia por cualquier persona humana o jurídica, pública o privada. El procedimiento será público para quienes tengan un interés legítimo y secreto para personas ajenas al procedimiento, hasta su resolución. Como dato interesante, expresamente se declara que el denunciante será parte en el procedimiento. Además, la Autoridad de Aplicación dispondrá los mecanismos para que todos los trámites, presentaciones y etapas del procedimiento se realicen por medios electrónicos.

En lugar del Contencioso Administrativo Federal, la nueva norma establece en el art. 53 que «Toda resolución sancionatoria podrá ser impugnada solamente por vía de recurso de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y, cuando se establezca, ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia de dicha Cámara, creada por la Ley N° 27.442», de Defensa de la Competencia (ver art. 68 ley 27.442)

Las sanciones previstas en el art. 57 son:

a) Apercibimiento.

b) Multa por un monto equivalente a entre UNO (1) y DIEZ MILLONES (10.000.000) de Unidades Móviles. El valor inicial de la unidad móvil es el establecido en la Ley N° 27.442 ($20, según art. 85 ley 27442), y será actualizado automáticamente cada UN (1) año utilizando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación por la Autoridad Nacional de la Competencia de dicha Ley en su página web.

c) Suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado por hasta CINCO (5) años.

d) Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de los que gozare.

e) Clausura del establecimiento por un plazo de hasta TREINTA (30) días.

Según el art. 59 del decreto, la reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente. Se considerarán reincidentes a quienes, habiendo sido sancionados por una infracción, incurran en otra de igual especie dentro del término de tres años.

ACCIONES JUDICIALES

Además del procedimiento administrativo, el art. 61 prescribe que contra el acto de competencia desleal y la publicidad prohibida, el afectado podrá ejercitar las acciones de cese del acto, o de prohibición y la de daños y perjuicios ocasionados por el acto de competencia desleal, así como para solicitar medidas cautelares. El resarcimiento podrá incluir la publicación de la sentencia.

Al respecto, se aclara que el procedimiento administrativo es optativo, pudiendo iniciarse directamente la vía judicial para obtener el cese o la prohibición del acto. Será competente para entender en estas causas la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal o la Justicia Federal que corresponda en el interior del país.

En cuanto a la legitimación activa, establece el art. 62 que, además del afectado, podrán ejercer las acciones:

«a) Las asociaciones, corporaciones profesionales o representativas de intereses económicos, cuando resulten afectados los intereses de sus miembros conforme lo dispuesto en el artículo 10 ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por la Ley N° 17.011.

b) Las asociaciones que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor.» En este caso, la legitimación quedará supeditada en este supuesto a que el acto de competencia desleal perseguido afecte directamente a los intereses de los consumidores.

SISTEMA ELECTRÓNICO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Por otro lado, por los arts. 69 y 70 del decreto se incorpora un artículo y se modifica otro de la ley 26.993, ley que creó en el año 2014 el SERVICIO DE CONCILIACION PREVIA EN LAS RELACIONES DE CONSUMO (COPREC)

Así, el art,. 1 bis crea el Sistema Electrónico de Resolución de Conflictos. Será una instancia previa, facultativa y gratuita para los consumidores y usuarios para el acceso al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), mediante el cual se dirimirán «los reclamos individuales o plurindividuales homogéneos de consumidores y usuarios, con el alcance y las modalidades que determine la Autoridad de Aplicación».

Sigue prescribiendo el nuevo artículo que «El Sistema Electrónico de Resolución de Conflictos será de uso obligatorio para los proveedores y/o prestadores.
Si no fuera posible arribar a una solución de la controversia en el marco del Sistema Electrónico de Resolución de Conflictos, podrá continuarse con la tramitación del reclamo conforme el procedimiento establecido en la presente Ley y su reglamentación.”

En otras palabras, una vez que se implemente el sistema, el consumidor podrá iniciar el reclamo por esta vía o acudir directamente al «Coprec tradicional», por llamarlo de alguna manera .

Por último, se modifica el art. 11 de la ley 26.993 permitiendo que, una vez implementado el sistema, las audiencias del COPREC puedan realizarse «en forma presencial o por vía electrónica, según el tipo de audiencia de que se trate. Será facultad del consumidor optar por la utilización de medios electrónicos para la celebración de las audiencias, conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación.»

Patentizando el apuro con el que se dictó la nueva normativa, el art. 71 del decreto encomienda a la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 26.993 y sus modificatorias, la regulación «de los alcances» del procedimiento del Sistema Electrónico de Resolución de Conflictos y el art, 75 prescribe que «Las normas reglamentarias y complementarias a la Ley N° 22.802 y sus modificatorias, se entenderán reglamentarias y complementarias del presente Decreto».

Dr. Jorge Oscar Rossi
Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de Morón), Abogado (U.B.A.) Profesor Titular de las materias “Teoría General de las Obligaciones”, y “Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios”. Adjunto Regular de Contratos Civiles y Comerciales en la Universidad Abierta Interamericana.

TEXTO DEL DECRETO 274/2019

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