INSTITUTO DE DERECHO PROCESAL CIVIL
“EL ACCESO AL EXPEDIENTE EN LOS PROCESOS DE FAMILIA COMO PRESUPUESTO BASAMENTAL DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA EN JUICIO”

(Publicado originalmente en la Revista «Temas de Derecho Procesal», editorial Errerius, edición de julio de 2018, pág. 611 y sgtes.)

Autora: Ivana E. Jordan. Abogada. Graduada en la UBA. Integrante del Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados de Morón. Asistente a diversos cursos y jornadas. Ponente en el Congreso de Derecho Procesal (2017) en representación del Instituto.

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DE LA INTRODUCCIÓN: «Esta presentación que los operadores jurídicos -y no jurídicos- interesados en la temática bajo comentario tienen, entre sus manos -o en las pantallas de sus dispositivos electrónicos-, intenta repensar el acceso al expediente en el proceso de familia desde la perspectiva de los derechos humanos, que en definitiva no es otra cosa que procurar un análisis acortando la brecha existente entre el nuevo paradigma de constitucionalización del derecho -receptado en nuestro ordenamiento jurídico desde la reforma constitucional de 1994- y la realidad de la praxis tribunalicia en lo que respecta al acceso del expediente en el proceso de familia.

No es novedad, en materia de procesos de familia (y decimos procesos porque las tipologías englobadas en esa categoría son muchas), que las partes y/o los abogados no puedan acceder al expediente, o no puedan hacerlo con sencillez o con asiduidad, por diversos motivos. Algunas veces por razones jurídicas justificadas -como, por ejemplo, en las medidas cautelares-, pero también muchas otras veces por razones materiales (ingreso del expediente a despacho, salida en vista a otras dependencias, trabajo del cuerpo técnico y similares).

El trabajo intenta abordar ese tema y demostrar cómo, en ciertas condiciones, esta situación implica una fuerte restricción (quizás una de las más intensas de nuestros días) al ejercicio del derecho de defensa en juicio.

Para acotar el tema de análisis, argumentaremos desde la situación existente en la Provincia de Buenos Aires, a mediados de 2018; aunque muchas de las consideraciones que aquí haremos, como se basan en normas de fondo, convencionales y constitucionales, son aplicables a las distintas jurisdicciones del país.»

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