INSTITUTO DE DERECHO ECLESIÁSTICO Y CANÓNICO

CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTATUS JURÍDICO DE LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA EN ARGENTINA

Autor: Dr. Jorge Antonio Di NiccoDirector Adjunto del Instituto de Eclesiástico y Canónico. Autor de La “canonización” de las leyes civiles: concepto, condiciones y particularidades. La temática en relación con nuestro ordenamiento estatal, ED, 267-797, “La legislación canónica: Derecho vigente para el ordenamiento jurídico argentino. Sus particularidades”, Revista Mexicana de Derecho Canónico 22/1 (2016) 109-128 y “La observancia del derecho canónico con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación”, ED, 263-922, entre otras publicaciones referidas a la temática.

 

Sumario: I. Introducción. II. La Iglesia católica en nuestro ordenamiento estatal. III. La Ley 24.483 y reglamentación. IV. Aspectos a considerar. V. Conferencia Argentina de Religiosas y Religiosos (CONFAR). VI. Conclusión. 

I. Introducción

Comencemos por referir que el Código de Derecho Canónico (CIC), en el canon 573, § 1, dice que la vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos es una forma estable de vivir en la cual los fieles, siguiendo más de cerca a Cristo bajo la acción del Espíritu Santo, se dedican totalmente a Dios como a su amor supremo, para que entregados por un nuevo y peculiar título a su gloria, a la edificación de la Iglesia y a la salvación del mundo, consigan la perfección de la caridad en el servicio del Reino de Dios y, convertidos en signo preclaro en la Iglesia, preanuncien la gloria celestial.

Por su parte, el § 2 de dicho canon dice que adoptan con libertad esta forma de vida en institutos de vida consagrada canónicamente erigidos por la autoridad competente de la Iglesia aquellos fieles que, mediante votos u otros vínculos sagrados, según las leyes propias de los institutos, profesan los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, y, por la caridad a la que éstos conducen, se unen de modo especial a la Iglesia y a su misterio.

El canon 635, a su vez, establece que los bienes temporales de los institutos religiosos, al ser bienes eclesiásticos, se rigen por las prescripciones del Libro V del Código de Derecho Canónico “De los bienes temporales de la Iglesia”, a no ser que se establezca expresamente otra cosa (§ 1). Sin embargo, cada instituto debe establecer normas convenientes sobre el uso y administración de los bienes, con las que fomente, defienda y manifieste la pobreza que le es propia (§ 2).

Hecha esta referencia canónica, suele precisarse que dentro del artículo 146, inciso c, del Código Civil y Comercial de la Nación se incluyen las órdenes religiosas preconstitucionales[1] y la Compañía de Jesús, y que dentro del artículo 148, inciso i, se incluyen a las personas jurídicas canónicas públicas aludidas en las disposiciones de la ley 24.483; es decir, civilmente las primeras serían personas jurídicas públicas y las segundas serían personas jurídicas privadas.

La intención del presente es analizar, en forma sucinta, si esto debe ser considerado de dicha forma. Se tratará, por ende, sobre su estatus jurídico.

II. La Iglesia católica en nuestro ordenamiento estatal

El artículo 146, inciso c, del Código Civil y Comercial de la Nación dice que entre las personas jurídicas públicas se encuentra la Iglesia católica; y el artículo 147 establece que las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su existencia, por las leyes y ordenamientos de su constitución.

En nuestro país la Iglesia católica es una persona jurídica pública, pero también todas y cada una de las divisiones territoriales -diócesis, parroquias que establezca la Iglesia- gozan del mismo carácter público de ella[2].

El reconocimiento no es sólo de la Iglesia católica universal, sino de la pluralidad de personas jurídicas diferentes en el seno de la propia Iglesia que tengan su personalidad jurídica conforme a las leyes nacionales y eclesiásticas. Siendo de señalar que en Argentina la legislación canónica, en los aspectos pertinentes, es contemplada como derecho vigente por el ordenamiento estatal.

A tenor de dichas precisiones, se refiere que en el ordenamiento estatal argentino son personas jurídicas públicas:

  1. a) la Iglesia católica en su dimensión universal y su órgano de gobierno (Sede Apostólica);
  2. b) la Iglesia católica en su dimensión particular (diócesis y demás entidades que realizan la dimensión particular de la Iglesia católica), los seminarios, las iglesias rectorales con personalidad jurídico-canónica diferenciada y las parroquias; y
  3. c) algunas estructuras superdiocesanas (Conferencia episcopal y provincia eclesiástica).

Como puede observarse, y teniendo presente lo precisado sobre las órdenes religiosas preconstitucionales, no se incluyen a los Institutos de Vida Consagrada.

 

III. La Ley 24.483 y reglamentación

Las órdenes y congregaciones religiosas que ingresaron a nuestro país luego de 1853-60 optaron por utilizar la figura de asociaciones civiles, sin poder exhibir su verdadera condición y naturaleza jurídica. Ante esa situación, la Ley 24.483 del año 1995, sobre personería jurídica civil a los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, en su artículo primero prevé que a los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica que gocen de personalidad jurídica pública en la Iglesia católica, admitidos por la autoridad eclesiástica competente conforme al artículo V del Acuerdo entre la República Argentina y la Santa Sede aprobado por la Ley 17.032, les será reconocida la personalidad jurídica civil por su sola inscripción en un registro que se llevará en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. El mismo régimen se aplicará a las distintas provincias o casas que gocen de personalidad jurídica autónoma, conforme a sus reglas, constituciones o estatutos y lo pidan expresamente.

En su artículo tercero dicha ley establece que los sujetos a que se refiere el artículo primero, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley gocen de personería jurídica bajo la forma de asociación civil u otra que no corresponda a su propia estructura canónica, y se inscriban en el registro, podrán transferir sus bienes registrables a nombre del Instituto de Vida Consagrada o Sociedad de Vida Apostólica inscrito, con exención de todas las tasas, impuestos y aranceles que graven la transmisión de bienes o su instrumentación y las actuaciones que ella origine, siempre que: a) La asociación o persona jurídica actualmente existente preste su expresa conformidad por medio de sus órganos facultados para disponer de tales bienes; y b) La transmisión se realice dentro del plazo de tres años a partir de la reglamentación de la presente ley. Cuando se haya optado por el procedimiento previsto en este artículo, la persona jurídica que reciba los bienes será solidariamente responsable con la persona transmitente por las deudas de ésta existentes a la fecha de la transmisión.

Y en su artículo cuarto la ley dice que los sujetos mencionados en el artículo primero, una vez inscriptos, serán a todos los efectos considerados entidades de bien público y equiparados a las órdenes religiosas existentes en el país antes de la sanción de la Constitución Nacional; y que conservarán todas las exenciones y beneficios de que gozaban las asociaciones o personas jurídicas preexistentes, a las que se refiere el artículo tercero de esta ley.

El Decreto N° 491/95, de Reglamentación del funcionamiento del Registro de Institutos de Vida Consagrada creado por la Ley N° 24.483, en los considerandos dice que dicha ley instituye un nuevo régimen para el reconocimiento de la personalidad jurídica de los Institutos de Vida Consagrada pertenecientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana, respetuosa de su propia especificidad y desarrollando la norma del Artículo V del Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina aprobado por Ley N° 17.032. Que mediante dicho régimen se reconoce validez civil en esta materia al ordenamiento jurídico canónico, a semejanza de lo que ocurre con el régimen de bienes de la Iglesia católica por imperio del artículo 2345 del Código Civil (léase, del derogado Código Civil)[3]. Y que, en atención al estado actual de evolución del Derecho Canónico, cuya terminología en la materia ha variado desde la época en que se dictaran las anteriores normas de derecho eclesiástico argentino, resulta pertinente aclarar debidamente el significado de los términos utilizados en la ley y en esta reglamentación.

Entre las definiciones que tiene en cuenta esta reglamentación se expresa que el Instituto de Vida Consagrada es una agrupación de fieles católicos que asumen los consejos evangélicos mediante votos u otro vínculo semejante según normas propias aprobadas por la Santa Sede o el obispo diocesano competente. En la presente reglamentación este concepto incluye a las llamadas órdenes y congregaciones religiosas, y a los institutos seculares. Y que la Sociedad de Vida Apostólica es una agrupación de fieles católicos que, sin votos religiosos, y llevando vida en común, buscan la finalidad de la asociación según normas propias aprobadas por la Santa Sede o el obispo diocesano competente. Agregándose que, sin perjuicio de ello, en esta reglamentación, salvo aclaración en contrario, se las considera incluidas dentro del concepto de “Institutos de Vida Consagrada”.

Por su parte, la Resolución N° 448/96 de la Secretaría de Culto de la precitada Cartera Ministerial, al establecer disposiciones aclaratorias a aquel ordenamiento y a su primer decreto reglamentario, resolvió en su artículo tercero que los institutos o sujetos inscriptos en el registro que lo deseen, podrán presentar una versión sintetizada de sus constituciones que contengan, al menos, los siguientes elementos: nombre y finalidad del instituto, estructura y régimen de gobierno, forma de elección de sus autoridades y personas cuya actuación obliga al instituto, normas para la disposición y administración de los bienes temporales, capacidad de sus provincias y/o casas, requisitos para la admisión o salida de sus miembros y destino de los bienes en el caso de extinción o disolución. Dicha síntesis podrá prescindir de lo que se refiera a la vida estrictamente interna del instituto y deberá presentarse con firma del superior mayor registrado según el artículo 13 del decreto 491/95, y un dictamen precalificado suscripto por abogado con firma certificada por el colegio de su matriculación. La Dirección de Institutos de Vida Consagrada, previa verificación del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior mediante el cotejo de las constituciones completas del instituto, certificará y entregará una copia de la versión sintetizada, que valdrá como estatuto del mismo. Cuando un instituto haya hecho uso de la facultad a que se refiere este artículo, las partes de sus constituciones no incluidas en la versión sintetizada de ellas serán inoponibles a terceros, salvo que se demuestre fehaciente su conocimiento de ellas.

IV. Aspectos a considerar

En el mensaje de elevación enviado por el Ejecutivo al Congreso, junto con la Ley de reconocimiento de personería jurídica a los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica de la Iglesia católica, se expresa que la doctrina primero, y la jurisprudencia luego, llevó a distinguir entre las órdenes religiosas preexistentes en el país a la sanción de la Constitución, y a las demás, habiendo llegado a decir la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el texto constitucional implica el reconocimiento automático de las primeras (Fallos 163-367). Del mismo modo, ha quedado establecido que el régimen de excepción era aplicable exclusivamente a las órdenes religiosas en sentido estricto, pero no a las llamadas congregaciones o asociaciones religiosas en general (Fallos 163-447).

Luego puede leerse en dicho mensaje que ha quedado superada la diversidad del régimen entre las llamadas “órdenes preconstitucionales”, las establecidas en el país luego de 1860, y las congregaciones religiosas fundadas en la República Argentina o que hayan ingresado al país con el consentimiento del Episcopado. No obstante lo cual, de hecho se ha mantenido la práctica anterior, según la cual tales órdenes y congregaciones adoptaban para actuar en la vida civil la forma de asociaciones civiles y otras que no se corresponden con su verdadera estructura y entidad religiosa. Esta situación da lugar a múltiples dificultades prácticas, por la necesidad que tienen tales instituciones de llevar una doble existencia, una de ellas al sólo efecto de su actuación civil.

El proyecto que se remite propicia, se dice, la creación de un Registro en el ámbito específico del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para la inscripción de las asociaciones que hayan sido admitidas a tenor de la norma del artículo V del Acuerdo de 1966, y para sus provincias y casas autónomas. Para tales asociaciones se reconoce la más amplia autonomía en su gobierno interno y en las relaciones de sus miembros con ellas, que quedan sujetas a la jurisdicción eclesiástica, conforme al artículo I del Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina y a la reciente interpretación que ha hecho del mismo la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallo R. 47XXIII del 26 de junio de 1992). Por las razones ya expuestas, se precisa, se reconoce a estas asociaciones el carácter de entidades de bien público sin necesidad de inscripción alguna, lo que contribuye a la simplificación administrativa.

Por su parte, el Decreto N° 491/95, de Reglamentación del funcionamiento del Registro de Institutos de Vida Consagrada creado por la Ley N° 24.483, en los considerandos, como ya fuera señalado, dice que dicha ley instituye un nuevo régimen para el reconocimiento de la personalidad jurídica de los Institutos de Vida Consagrada pertenecientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana, respetuosa de su propia especificidad y desarrollando la norma del Artículo V del Acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina aprobado por Ley N° 17.032. Y que mediante dicho régimen se reconoce validez civil en esta materia al ordenamiento jurídico canónico, a semejanza de lo que ocurre con el régimen de bienes de la Iglesia católica por imperio del artículo 2345 del Código Civil.

La discusión sobre una personalidad jurídica pública o privada de los Institutos de Vida Consagrada no es una cuestión concluida en nuestro plano jurídico. La ley 24.483 -y reglamentación-, pudiéndolo hacer, no aporta claridad, ya que da lugar a ambas interpretaciones, aunque una lectura detenida llevaría a inclinarse por la personalidad jurídica pública de ellos, ya que de otra forma no se alcanzarían a entender algunas de las precisiones allí volcadas. Por ejemplo, cuando en su artículo cuarto la ley dice que los sujetos mencionados en el artículo primero, una vez inscriptos, serán equiparados a las órdenes religiosas existentes en el país antes de la sanción de la Constitución Nacional.

El artículo 146, inciso c, del Código Civil y Comercial de la Nación debió ser más explícito para despejar toda duda a este particular. Debió decir, por ejemplo: “La Iglesia católica. Entendiendo por Iglesia católica a todas las personas jurídicas públicas de conformidad con la legislación canónica”.

Todo lo referenciado conduce a decir que los Institutos de Vida Consagrada deben ser civilmente considerados personas jurídicas púbicas en nuestro país. Ellos son parte constitucional de la Iglesia católica, y un adecuado análisis del marco normativo vigente lleva a poder expresar que ellos, “preconstitucionales o no”, deben recibir el mismo tratamiento jurídico que en el derecho estatal argentino recibe, por ejemplo, una diócesis.

V. Conferencia Argentina de Religiosas y Religiosos (CONFAR)

En la Resolución 2162/97 de la Secretaría de Culto, que reconoció a la Conferencia Argentina de Religiosas y Religiosos (CONFAR) como persona jurídica y entidad de bien público, puede leerse que visto lo solicitado por la CONFAR y considerando que ella es una persona jurídica eclesiástica, erigida por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica de la Santa Sede, rigiéndose por el Derecho Canónico Universal y por las normas particulares emanadas de la Sede Apostólica, y que como tal ha acreditado su carácter de persona jurídica pública dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana; que encuadra dentro del tipo de instituciones que pueden inscribirse en el Registro de Institutos de Vida Consagrada conforme lo prevee el artículo 3º, inciso e) del decreto 491/95 y que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente, por ello, el Secretariado de Culto resolvió: Artículo 1º.- Reconócese como persona jurídica a la Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas (CONFAR), con sede legal y domicilio especial en Avenida Callao, número quinientos sesenta y nueve (569), piso 1º, departamento 1, Capital Federal, la que queda inscripta bajo el número cien (100) del Registro de Institutos de Vida Consagrada. Artículo 2º.- Reconócese a dicha Asociación de Religiosos y Religiosas el carácter de entidad de bien público, a todos los efectos que correspondan. Artículo 3º.- Hágase saber a la Inspección General de Justicia, que la Conferencia de religiosos inscripta, que anteriormente funcionaba bajo la forma de Asociación Civil con las siguientes denominaciones: “COS – MA – RAS” y “CAR – CONFER, ha optado por continuar funcionando, únicamente, bajo la forma aprobada por la ley 24.483, transfiriendo la totalidad del activo y del pasivo de su patrimonio, en los términos del artículo 3º de dicha ley y de los artículos 9º, 15, 16 y concordantes del decreto 491/95. Artículo 4º.-Requiérase a la Inspección General de Justicia la remisión a este Registro del expediente de estatutos y demás antecedentes de la entidad mencionada. Artículo 5º.-Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.- Firmado Ángel M. Centeno.

De sus Estatutos puede leerse que, en cuanto a la naturaleza y fines, la Conferencia Argentina de Religiosas y Religiosos es un organismo de derecho pontificio erigido por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, que reúne en comunión a los Institutos de Vida Religiosa y las Sociedades de Vida Apostólica establecidos en Argentina, representados por sus Superioras y Superiores Mayores; y que su sigla es CONFAR (artículo 1º). Que goza de personería jurídica pública en la Iglesia en virtud del decreto pontificio de erección (Protocolo No AG 182-1/96); y que se rige por el Derecho Canónico Universal, por los presentes Estatutos y por las normas particulares emanadas de la Sede Apostólica (artículo 2º). Y que es también entidad de bien público sin fines de lucro, y goza de personería jurídica con capacidad para ejercer todos los actos de la vida civil, de acuerdo con las leyes vigentes en el país y con los presentes Estatutos; y que está inscripta en el Registro de Institutos de Vida Consagrada de la Secretaría de Culto, con el número 100 (artículo 3º).

Respecto de capacidad, patrimonio y recursos sociales, CONFAR está capacitada para adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles y valores; contraer obligaciones, celebrar contratos, otorgar poderes y mandatos, designar administradores, operar con instituciones bancarias públicas y/o privadas y realizar todos cuantos actos jurídicos se requieran para la mejor defensa de los intereses sociales, según las normas estipuladas por el derecho canónico y civil (artículo 11º).

V. Conclusión

Como fue demostrado, los Institutos de Vida Consagrada deben ser considerados, canónica y civilmente, personas jurídicas públicas; y, por ende, si la CONFAR es un organismo que reúne en comunión a los Institutos de Vida Religiosa y las Sociedades de Vida Apostólica establecidos en Argentina, gozando de personería jurídica pública en la Iglesia católica, no queda más que concluir que la personería jurídica de la CONFAR a nivel civil debe ser también pública.

La presente labor no hace a una cuestión religiosa, de fe, hace a una cuestión netamente jurídica y de allí la necesidad de su conocimiento y difusión adecuada para todo operador del derecho[4].

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[1] Son referidas la Orden de la Merced, la Orden de Predicadores y la Orden de Frailes Menores; aunque, es de decir, que no termina de quedar en claro cuáles eran las órdenes preconstitucionales, solamente algunas obtuvieron reconocimiento expreso, pero no lo hicieron a través de una ley del Congreso sino por medio de sentencias judiciales o de decretos del Poder Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, el Decreto 29153/1933 reconoció el carácter de orden preconstitucional a la Orden de los Carmelitas Descalzos.

[2] Conf. C.N.Com. Sala E, 30/8/1989 “Lemos Jorge c/Obispado de Venado Tuerto”, La Ley 1991-C-363, con nota de Figueroa, Arturo J., y ED, 135-723; C.N.Civ. Sala C, 8/10/1992 “Cloro, Jorge c/Arzobispado de Buenos Aires”, LL, 1993-B-220.

[3] El artículo 2345 del derogado Código Civil establecía que los templos y las cosas sagradas y religiosas correspondían a las respectivas iglesias o parroquias, y estaban sujetas a las disposiciones de los artículos 33 y 41. Esos bienes podían ser enajenados en conformidad a las disposiciones de la Iglesia católica respecto de ellos, y a las leyes que regían el patronato nacional.

[4] Puede ser de utilidad, a los fines de gestiones ante organismos oficiales o entidades privadas, transcribir los aspectos de interés de la Constitución del Instituto, junto con la normativa canónica y estatal aplicable a dicho Instituto de Vida Consagrada, y ese instrumento llevarlo a una notaría para su protocolización. De esa forma, ante cualquier gestión, poder exhibirse dicha escritura para agilizar la información en caso de necesidad. Lo mismo para la CONFAR.

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