La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal desestimó una medida cautelar en la que, bajo la figura de la acción preventiva, se pedía que se ordene a un banco y a dos “empresas de cobranzas” el cese de las comunicaciones al actor, su grupo familiar, social y laboral, toda vez que estarían generando una vulneración de derechos que puede agravarse en los sucesivo de continuar el ejercicio irregular y abusivo del derecho a reclamar una supuesta deuda. El Tribunal consideró que el actor no acreditó el trato indigno en el cuál fundamenta la medida precautoria requerida.

Así lo decidió la Sala II, el 21 de junio, en los autos “PUGLIESE, ALEJANDRO FABIÁN c/ BBVA BANCO FRANCÉS S. A. Y OTRO s/SUMARÍSIMO”.  DESCARGAR EL FALLO COMPLETO

El actor inició una acción preventiva de daño contra el BBVA Banco Francés S. A.; PRO ACTION SERVICE S. A., CIPE SOLUTIONS S. A.  y/o contra cualquier otro estudio de cobranzas que designe la primera de las sociedades mencionadas.

Sostiene que, con el objeto de obtener el cobro de una deuda que el actor tendría con la entidad bancaria aludida, las demandadas comenzaron a hostigar a su persona; entorno familiar y laboral, a través de diversas vías de comunicación (telefónica, mensajes de texto, mensajes de whatsapp; correos electrónicos y redes sociales), vulnerando su derecho a la intimidad. Por ello, solicitó como medida cautelar que se ordene a las accionadas el cese de las comunicaciones a su persona, su grupo familiar, social y laboral, toda vez que están generando una vulneración de derechos que puede agravarse en los sucesivo de continuar el ejercicio irregular y abusivo del derecho a reclamar.

En primera instancia se desestimó la medida precautoria pretendida, medida que fue apelada.

En la Alzada, se comenzó por señalar que el actor “inició una acción preventiva de daños en los términos del artículo 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación. La norma establece: “La acción preventiva procede cuando una acción u omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. No es exigible la concurrencia de ningún factor de atribución.”. Por lo tanto, parece claro que si se invoca como fundamento de la medida evitar la producción de un daño, su continuación o agravamiento, la carga de la prueba sobre ese extremo recae sobre quien pretende la restricción cautelar (arg. art. 377 del CPCCN).” (la negrita es nuestra)

Para el Tribunal, esto no se encuentra acreditado, porque, “(l)as copias simples de las notas enviadas al accionante para procurar el cobro de la deuda, -aunque ésta haya sido negada o impugnada – no evidencian el hostigamiento al que hace referencia el emplazante en su escrito de inicio. De las expresiones vertidas en cartas en cuestión no surge acreditado el trato indigno en el cuál el peticionario fundamenta la medida precautoria requerida…. Lo expresado es así si se tienen en cuenta los términos del art. 8 bis de la Ley Nº 24.240, pues aquellas no contienen vocablos vergonzantes, vejatorios o intimidatorios; ni cuentan con la apariencia de un reclamo judicial.(la negrita es nuestra)

Por otra parte, “no es posible acreditar el avasallamiento en el derecho invocado con las copias simples de mensajes de textos o de Whatsapp cuando, por el momento, no es viable constatar, siquiera de manera conjetural, el origen y el destino de aquellos, elementos que deberán ser objeto de debate y prueba…. Tal como lo señaló la señora jueza preopinante en el decisorio recurrido.

Con relación a aquellos, corresponde adicionar que, más allá del valor probatorio analizado, no alcanzan para justificar, en este estado de la causa, el alegado ejercicio abusivo de derecho de la entidad bancaria a fin de procurar el cobro de las sumas presuntamente adeudadas.” (la negrita es nuestra)

En definitiva, “para que proceda la tutela preventiva es requisito esencial que se acredite una conducta antijurídica, por acción u omisión, y con los elementos agregados a la causa, en el estado liminar en que se encuentra la contienda, aquella no luce -prima facie- acreditada a fin de justificar el dictado de una medida precautoria como la pretendida.” (la negrita es nuestra)

Dr. Jorge Oscar Rossi
Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de Morón), Abogado (U.B.A.) Profesor Titular de las materias “Teoría General de las Obligaciones”, y “Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios”. Adjunto Regular de Contratos Civiles y Comerciales en la Universidad Abierta Interamericana.

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