La Cámara Nacional en lo Civil confirmó la sentencia que condenó a BVA Banco Francés S.A a resarcir a la actora por los daños sufridos al caerse en una sucursal, debido al mal estado del alfombrado.

El Tribunal destacó que “quien transita dentro de las instalaciones de un banco, es un usuario involucrado en una típica relación de consumo» y que «cualquier daño sufrido en el lugar, que no responda al hecho de la víctima, o a un caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser reparado por el proveedor…»

Así lo resolvió la Sala I, el 29 de noviembre, en los autos “BAYER, SUSANA ELVIRA c/ BBVA BANCO FRANCES S.A. s/DAÑOS Y PERJUICIOS”. DESCARGUE EL FALLO DE CAMARA

La sentencia de grado hizo lugar a la demanda entablada por Susana Elvira Bayer y, en consecuencia, condenó a BBVA Banco Francés S.A. y a Chubb Seguros Argentina S.A. a págarle a la accionante la suma de $ 315.000, con más los intereses y las costas. DESCARGUE EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Según surge de dicha resolución, la accionante concurrió a una sucursal del banco demandado, del cual es clienta, ubicada en la calle Reconquista y Rivadavia de la ciudad de Buenos Aires, a fin de realizar la constancia de supervivencia exigida por Anses.

Una vez terminado el trámite, salió de la oficina donde se encontraba, y al dirigirse al ascensor, su zapato quedó enganchado en un alfombrado que se encontraba roto, con un corte en forma de T que era prácticamente imperceptible pero que levantaba la alfombra al paso, lo que provocó su caída.

Una empleada del banco junto con otras personas que se encontraban con la actora la auxiliaron dando intervención a la empresa de emergencias médicas que trasladó a la actora al Sanatorio Anchorena, donde recibió atención médica de guardia. Luego fue intervenida quirúrgicamente el día 26 de diciembre de 2012 en el Instituto Quirúrgico del Callao a causa de una lesión en su brazo izquierdo.

Contra dicha sentencia apelaron la citada en garantía, la actora, y la demandada.

En la Alzada, el vocal preopinante fue el Dr. Rodriguez, quien resaltó que “quien transita dentro de las instalaciones de un banco, es un usuario involucrado en una típica relación de consumo: el propio art. 42 de la Constitución Nacional adopta esta expresión de “relación de consumo” para evitar circunscribirse a lo contractual y referirse con una visión más amplia a todas las circunstancias que rodean o se refieren o constituyen un antecedente o son una consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y servicios para destino final de consumidores y usuarios.

El que se moviliza dentro de una institución bancaria donde concurre para realizar un trámite es, en definitiva, un usuario que se ajusta a lo determinado por los arts. 1 y 2 de la ley 24.240; y la entidad es un típico proveedor de servicios: al consumidor o usuario le son aplicables los principios “in dubio pro consumidor”, el deber de información, de seguridad y demás pautas de la Constitución Nacional y los arts. 5, 6, y 40 de la ley 24.240. (ver Alvarez Larrondo, Federico M., “Contrato de paseo en un shopping, deber de seguridad, daños punitivos y reforma de la ley 26.361”, LA LEY 2008-D, 58).” (la negrita es nuestra)

Destaca el magistrado que (l)as normas constitucionales y legales involucradas ponen en cabeza del proveedor una obligación de seguridad resultado, como consecuencia de lo cual cualquier daño sufrido por el consumidor en el ámbito de la relación de consumo compromete la responsabilidad objetiva de ese proveedor.

El proveedor de productos y servicios, en suma, debe velar por el desenvolvimiento regular de la circulación en los corredores de la entidad, lo que no es una obligación accesoria, extraña a la empresa, sino propia de la índole del servicio. El deber de custodia es lo suficientemente amplio como para abarcar en su contenido prestaciones tales como la vigilancia permanente, la remoción inmediata de obstáculos o elementos extraños, el control ininterrumpido de los mecanismos, y toda otra medida que dentro del deber de custodia pueda caber a los efectos de resguardar la seguridad, la estructura y fluidez de la circulación de los clientes.” (la negrita es nuestra)

En definitiva: “Cabe insistir en esta idea: cualquier daño sufrido en el lugar, que no responda al hecho de la víctima, o a un caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser reparado por el proveedor (conf. Alvarez Larrondo, Federico, Contrato de paseo en un shopping, deber de seguridad, daños punitivos y reforma de la ley 26.361, LA LEY 2008- D, 58).” (la negrita es nuestra)

En el mismo sentido, “una interpretación ceñida al texto del art. 10 «bis» de ese cuerpo normativo, extensible a los arts. 5 y 40 de la ley 24.240, directamente o por vía analógica, permite concluir que la única eximente que puede invocar válidamente el proveedor es el caso fortuito o fuerza mayor, descartándose la posibilidad de invocar el hecho (o culpa) del tercero o de la víctima, en la medida en que no reúnan, a su vez, los caracteres del caso fortuito (Picasso, Sebastián, «La culpa de la víctima en las relaciones de consumo. Precisiones de la Corte Suprema», LA LEY 2008-C, 562, nota al fallo de la Corte de la Nación, del 4/22/2008, «Ledesma, María Leonor c. Metrovías S.A.»).” (la negrita es nuestra)

Dentro de ese marco jurídico, el camarista tuvo por probado el hecho dañoso en base a un testigo que “relató que el día del hecho se encontraba junto con la accionante en la sucursal del banco, y que “… la actora venía caminando y se tropezó con la alfombra… que se cayó boca abajo, con el brazo izquierdo que se le “había dado vuelta”… que era debido a un hueco que había en la alfombra, en donde se le enganchó el zapato. Que era un corte en la alfombra en forma de “T”…”. (la negrita es nuestra)

Además, coincidió con la juez de grado en que “…el banco demandado no ha arrimado elementos que permitan determinar su versión de los hechos, lo cual estaba a su alcance. Nótese que podrían haberse acompañado fotografías certificadas del estado de la alfombra o filmaciones de las cámaras de seguridad, nada de lo cual fue ofrecido como prueba en autos”. (la negrita es nuestra)

Por otro lado, “(a)mbas demandadas desarrollan argumentos generales que conforman un distinto punto de vista, los de la aseguradora incluyen la queja porque se le dio preferencia a la nombrada testigo en desmedro de la otra y el banco menciona entre otros extremos, la edad de la accionante y su condición física, el calzado inapropiado y la gran cantidad de bolsas que llevaba consigo, pero ninguna de las dos apelantes realiza un ataque frontal apto para rebatir los pilares en los que se asienta la decisión cuestionada, en particular que la testigo en cuestión presenció el hecho e identificó la causa de la caída, constituida por el defecto de la alfombra que pudo divisar, y ningún cuestionamiento deslizan a lo argumentado en la sentencia apelada en torno a la deficiencia de la prueba que aportaron para acreditar la versión de la accionada. Del mismo modo, no explican de qué manera la conducta que le endilgan cada una por su parte a la damnificada reúne en el preciso momento del hecho las notas de imprevisibilidad, inevitabilidad y ajenidad a los que se refiere la Sra. Jueza, todo lo cual me convence de declarar la deserción de ambos recursos, por falta de fundamentación adecuada, y firme la sentencia en este aspecto medular de lo decidido.” (la negrita es nuestra)

Respecto de los agravios de la actora, el vocal se pronunció por el incremento del monto otorgado en concepto de daño moral de $100.000 a $120.000.

Siendo compartido este criterio, se resolvió modificar la sentencia de primera instancia, admitiendo el agravio de la actora respecto al monto adjudicado en concepto de “daño moral”, elevándolo a $120.000 y confirmarla en todo lo demás que decide.

Dr. Jorge Oscar Rossi
Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de Morón), Abogado (U.B.A.) Profesor Titular de las materias “Teoría General de las Obligaciones”, y “Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios”. Adjunto Regular de Contratos Civiles y Comerciales en la Universidad Abierta Interamericana.

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