La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes confirmó la medida preventiva que prohibió “la aplicación de cualquier tipo de agroquímico en un radio de 1000 metros de la escuela rural nº 11 ubicada en el cuartel IV, Paraje La Rosada, del Partido de San Antonio de Areco para los días en que haya clases, debiendo realizarse dichas tareas los días sábado, domingo o feriados educativos. A su vez, fija una multa equivalente a 500 jus ley 14.967 para el caso de incumplimiento.”

Así lo resolvió la Sala I, el 31 de octubre, en los autos “ZABALOY ANA MARIA C/ MARCHI LUIS MIGUEL Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJUICIOS PROV. EXPLOTACION AGRICOLA”.  DESCARGAR EL FALLO COMPLETO

El demandado apela la sentencia en lo relativo a la medida preventiva dispuesta de oficio.

El magistrado de grado rechazó la demanda por daños y perjuicios supuestamente derivados del uso de agroquímicos para fumigar en ocasión de encontrarse la actora dando clases en una escuela rural.

El juez, luego de expresar que la actora carga con el deber de probar el nexo causal existente entre el daño y el riesgo o vicio de la cosa de propiedad o guarda del demandado (máquina fumigadora), concluye que la accionante no ha acreditado los hechos controvertidos.

No obstante lo anterior, expresa que se encuentra fuera de los hechos controvertidos que el demandado –por sí o por terceros- realizó y realiza cuando son necesarias, tareas de fumigación en las cercanías de la escuela. Expone que el uso de agroquímicos se encuentra bajo investigación y que no son pocas las voces que se levantan contra los mismos debido a los efectos nocivos en la salud.

En consecuencia y hasta tanto exista un pronunciamiento formal de las autoridades sanitarias provinciales o nacionales acerca del tema, en los términos de lo normado por el art. 1711 C.C.C. y concs, dispone la prohibición de la aplicación de cualquier tipo de agroquímico en un radio de 1000 metros de la escuela rural nº 11 ubicada en el cuartel IV, Paraje La Rosada, del Partido de San Antonio de Areco para los días en que haya clases, debiendo realizarse dichas tareas los días sábado, domingo o feriados educativos. A su vez, fija una multa equivalente a 500 jus ley 14.967 para el caso de incumplimiento.

En la Alzada, el vocal preopinante es el Dr. Ibarlucía, quien destacó que “(c)on relación a la aplicación del C.C.C., es dable aclarar que el mismo establece el deber de prevención del daño y recepta la acción preventiva que puede interponer quien acredite un interés razonable (arts. 1710, 171, 1712 C.C.C.). El art. 1713 C.C.C. prevé que la sentencia puede disponer a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer. Es decir, el C.C.C. contempla una acción promovida por el legitimado con el objeto de evitar que un perjuicio se produzca.

No obstante ello, se señala que si bien las disposiciones citadas se refieren específicamente a la acción preventiva, podrían aplicarse analógicamente para fundar, en casos excepcionales, un “mandato preventivo”, es decir, una orden judicial oficiosa, de carácter excepcional, y cuyo objetivo es que, en el marco de un proceso cuyo fin no es la prevención del daño, y el magistrado tome conocimiento de la posibilidad cierta de que el perjuicio se produzca, repita o agrave, pueda adoptar las medidas necesarias para que ello no suceda…” (la negrita es nuestra)

Por otro lado, “(a)diferencia de lo que sostiene el apelante, las disposiciones del C.C.C. pueden aplicarse -por analogía- dado que la medida apunta a restringir acciones futuras (art. 7 C.C.C.)” (la negrita es nuestra)

Con relación al requisito de antijuridicidad, el camarista señala que “debe tratarse de una antijuridicidad material, la prevención del daño puede aplicarse a una actividad riesgosa —aun lícita— cuando el interés amenazado prevalezca sobre el interés amenazante; es decir, la introducción del riesgo en la sociedad obliga a efectuar una confrontación entre los intereses en juego, ya que si el riesgo a introducir no resulta útil para la sociedad o si el mismo representa un peligro potencial de una magnitud que no justifique su introducción, el riesgo puede ser impedido, y por ende, la prevención del daño operaría sin problema alguno.

 Y allí es donde la amenaza del daño debería ser analizada a la luz del alterum non laedere (y no de una prohibición legislativa expresa), ya que la antijuridicidad radica en tal caso en la injusticia de dicha amenaza.(la negrita es nuestra) 

En el caso concreto, “se advierte que, además de la legislación provincial, en el partido de San Antonio de Areco, la aplicación de fitosanitarios y fertilizantes se encuentra regulada por la Ordenanza 3919/14, citada por el apelante.” (la negrita es nuestra)

Dicha ordenanza establecía una serie de restricciones a la aplicación de productos fitosanitarios y fertilizantes, con el fin de mitigar lo máximo posible los potenciales riesgos a la salud y el medio ambiente.

Está norma fue modificada por la nro. 4226/17 que directamente prohibió toda fumigación aérea en el territorio del Partido dado que, según surge de sus considerandos, se ha advertido un preocupante crecimiento de las enfermedades oncológicas directamente vinculado a dichos productos.

En dichos considerandos, señala el preopinante, se menciona un “relevamiento realizado en la localidad por más de 200 médicos de la Universidad Nacional de Rosario, que revela que la causa de muerte más frecuente es por enfermedades oncológicas (32,3%) y respiratorias (9,6%); que el cáncer es el problema de salud más referido (40%), y que las fuentes de contaminación más referidas son el río contaminado (13,3%) y las cerealeras (12,7%).” (la negrita es nuestra) 

Por lo anterior, “la medida dispuesta por el sentenciante está en consonancia con las restricciones que se imponen por las ordenanzas municipales, por lo que está cumplido el requisito de antijuridicidad previsto por el art. 1711 C.C.C. A su vez, es de destacar que la medida cumple con el criterio de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la eficacia en obtención de la finalidad (art. 1714 C.C.C.).” (la negrita es nuestra)

Siendo compartido este criterio, se resuelve confirmar la sentencia apelada, con la aclaración de que, dado que dicha sentencia “ordena el cumplimiento de la medida preventiva, además de a los demandados y al tercero citado, “a los propietarios o usufructuarios de los inmuebles alcanzados por la medida”, delegando la notificación a la comisaría o destacamento con jurisdicción en el lugar, “haciendo saber a los afectados por la misma que para el caso de incumplimiento se fija una multa equivalente a 500 Jus, Ley 14.967…(d)ada la naturaleza y urgencia de la medida preventiva dictada, se dicta este pronunciamiento dejándose constancia que no implica prejuzgamiento sobre eventuales planteos que pudieran hacer terceros que no han sido parte en las presentes actuaciones.(la negrita es nuestra) 

En cambio, teniendo en cuenta lo prescripto por la ordenanza 3919/14, corresponde “notificar la presente sentencia (junto con la de primera instancia) a la Municipalidad de San Antonio de Areco a los fines que se adopten las medidas que correspondan.”

Dr. Jorge Oscar Rossi
Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de Morón), Abogado (U.B.A.) Profesor Titular de las materias “Teoría General de las Obligaciones”, y “Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios”. Adjunto Regular de Contratos Civiles y Comerciales en la Universidad Abierta Interamericana.

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