La Cámara Nacional en lo Comercial revocó la resolución que dispuso el trámite ordinario y acotó el beneficio previsto por el art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor a la exención del pago de la tasa de justicia.

Luego de señalar que se trata de una providencia apelable, el Tribunal destacó que la regla en materia de procesos de consumo es el trámite sumarísimo y que el beneficio incluye tanto la exención del “pago de impuestos y sellados de actuación…como de los demás gastos que genere la tramitación del proceso, tales las costas causídicas…”

Así lo dispuso la Sala F, el 6 de agosto, en los autos “ZAMITH DE PASSOS BARROS, GABRIELA ROCIO C/ ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. S/ORDINARIO”. DESCARGAR EL FALLO COMPLETO

La actora apela la providencia que imprimió a las actuaciones el trámite ordinario y acotó el beneficio previsto por el art. 53 de la Ley 24.240 a la exención del pago de la tasa de justicia.

En primer lugar, la Alzada destacó que la resolución en crisis es apelable, pues la irrecurribilidad que dispone el art. 319 un fine del CPCCN “se refiere exclusivamente a las decisiones que determinan el tipo de proceso cuando el código autoriza al juez a hacerlo, v.gr. en los casos del art 208 o 322 del citado cuerpo legal, o “cuando la controversia versare sobre los derechos que no sean apreciables en dinero, o existan dudas sobre el valor reclamado y no correspondiere juicio sumarísimo, o un proceso especial”,…” (la negrita es nuestra)

El citado art. 319 prescribe:

“Art. 319. – …En estos casos así como en todos aquellos en que este Código autoriza al juez a fijar la clase de juicio, la resolución será irrecurrible.”

Como se verá a continuación, en este caso el Código no autoriza a fijar la clase de juicio o, con más precisión, existe una ley que le impide al juez disponer de oficio la clase de proceso. Por eso, la Alzada entiende que la decisión es apelable.

En el caso, “de los hechos y del derecho contenido en la demanda, se desprende que el accionante ha basado su reclamo en el ámbito de aplicación de la Ley 24.240, reformada por la Ley 26.361, que establece en su art. 53 que a los juicios promovidos con fundamento en esa normativa se aplicarán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, a menos que el juez por resolución fundada y a pedido de parte, basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado…” (la negrita es nuestra)

Dicho de otra manera, en procesos de consumo, el juez no puede disponer el trámite ordinario de oficio.

Por lo anterior, “se desprende con meridiana claridad que el procedimiento abreviado -v.gr. sumarísimo- resulta ser la premisa general; a la vez que el apartamiento de la regla sólo procedería ante la configuración de dos extremos: la petición de parte y la mediación de especiales circunstancias fácticas que justifiquen excepcionar aquel trámite abreviado.” (la negrita es nuestra)

En cuanto a los alcances del beneficio de justicia gratuita, “(e)s doctrina reiterada de esta Sala, en lo que respecta a la cuestión sometida a debate, que el beneficio de justicia gratuita debe abordarse con sujeción a las tendencias actuales que apuntan a facilitar el reclamo de los consumidores y usuarios cuando se entable el vínculo jurídico que configura la relación de consumo (art. 3 LDC) ya que conviene a la efectiva vigencia de los derechos que tutela ese cuerpo legal.

Desde esta conceptualización se ha propugnado la irrestricta gratuidad de los procesos que se inician en defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, entendiéndoselo integrativo tanto del pago de impuestos y sellados de actuación -que concierne al acceso a la jurisdicción como de los demás gastos que genere la tramitación del proceso, tales las costas causídicas…” (la negrita es nuestra)

Por lo anterior, se resolvió hacer lugar a la apelación, por lo que el proceso deberá tramitar como sumarísimo y el beneficio de justicia gratuita se entiende comprensivo tanto de la tasa de justicia como de las costas.

Dr. Jorge Oscar Rossi
Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de Morón), Abogado (U.B.A.) Profesor Titular de las materias “Teoría General de las Obligaciones”, y “Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios”. Adjunto Regular de Contratos Civiles y Comerciales en la Universidad Abierta Interamericana.

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