El Dr. Jorge Oscar Rossi comenta el fallo de autos “DIAMEN SA c/ EDESUR SA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala I, 13/10/2026. DESCARGUE EL FALLO COMPLETO

La actora demandó a Edesur, reclamando el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos a raíz de los cortes del suministro de energía eléctrica ocurridos desde diciembre de 2013 hasta marzo de 2015.

Sostuvo en su escrito de inicio que los cortes en el suministro eléctrico le ocasionaron diversos perjuicios patrimoniales, entre los que mencionó los gastos derivados de la reposición de motores eléctricos necesarios para el correcto funcionamiento del edificio; la instalación de cañerías y su adaptación a una bomba monofásica que debió adquirir a fin de paliar los inconvenientes ocasionados por las interrupciones del servicio; y la reparación de cables eléctricos que resultaron quemados, entre otros.

Entre otras normas, encuadró su caso en la ley 24.240, de Defensa del Consumidor (LDC) y reclamó, además del resarcimiento propiamente dicho, la aplicación de la multa denominada daño punitivo, contemplado en el art. 52  bis de dicha norma.

En primera instancia se admitió parcialmente la demanda, aceptándose algunos conceptos indemnizatorios, pero rechazándose la imposición del daño punitivo.

Ambas partes apelaron, pero solo expresó agravios la actora, declarándose extemporaneo el recurso de la contraparte.

El agravio de la accionante se basó fundamentalmente en el rechazo del daño punitivo.

Tengamos en cuenta que, uno de los requisitos para la procedencia de esta sanción es que el caso encuadre en la normativa de consumo. En otras palabras, la actora debe calificar como usuaria o consumidora, en los términos de los artículos 1° LDC y 1092 del Código Civil y Comercial (CCC).

En la Alzada, el vocal preopinante fue el Dr. Perozziello Vizier quie, respecto de esta cuestión, comenzó por recordar que “(a)hora bien, además de las personas físicas, la ley es aplicable a las personas jurídicas, públicas o privadas, persigan fines de lucro o no. Sin embargo, no siempre resulta sencillo dilucidar los supuestos en los que las personas jurídicas actúan como consumidores.” (la negrita nos pertenece)

A continuación, el magistrado destacó que “… se han esgrimido varias teorías para delimitar los conceptos de consumidor y de proveedor. A grandes rasgos, la tesis finalista, teleológica o subjetiva hace hincapié en el criterio del uso no profesional del bien, por lo que niega el carácter de consumidor aun cuando lo adquirido tenga una relación indirecta con la cadena de producción o comercialización de la persona. Por su parte, la tesis maximalista u objetiva tiene en cuenta la salida del producto del circuito económico, por lo que únicamente se excluye el supuesto en que el bien es utilizado en forma directa en la cadena de producción.

Finalmente, la tesis mixta pone el acento en la vulnerabilidad del sujeto protegido.” (la negrita nos pertenece)

El camarista contunuó expresando que “(l)a tesis predominante, y a la cual adhiero, es la tesis objetiva. Puede así admitirse el carácter de usuario o consumidor de la persona jurídica cuando pese a que los bienes o servicios son adquiridos dentro del ámbito de la actividad de la empresa, ellos no se relacionan ni directa ni indirectamente con el objeto propio de aquella.

Por lo tanto, cuando el producto es adquirido para la actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, no pone fin a la cadena de comercialización, por lo que quien lo adquiere no puede ser considerado destinatario final. En cambio, si un proveedor adquiere un bien que no se relaciona con su objeto comercial, sí será destinatario final aun cuando dicho bien sea necesario para poder cumplir con su actividad.” (la negrita nos pertenece)

El el caso concreto, “… dada la actividad que desempeña la actora, se impone concluir el servicio contratado –en el caso, el suministro de energía eléctrica no se relaciona con el objeto comercial, por lo que debe ser considerada destinatario final en los términos del art. 1º de la ley de defensa del consumidor.” (la negrita nos pertenece)

Encuadrado el caso dentro de la normativa de consumo, el preopinante consideró  que “…atendiendo a la entidad y reiteración de los incumplimientos verificados, a la conducta desplegada por la prestadora y a las restantes circunstancias particulares de la causa, considero que se encuentran configurados los presupuestos que justifican la procedencia de la sanción prevista en el art. 52 bis de la ley n° 24.240.“ (la negrita nos pertenece)

Por ello, propuso fijar una multa de $1.500.000, en concepto de daño punitivo.

Este criterio fue compartido por los restantes integrantes del Tribunal, Dres. Fernando A. Uriarte y Florencia Nallar.

Dr. Jorge Oscar Rossi 

Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de Morón), Posdoctorado (UNC), Abogado (U.B.A.) Profesor de los Doctorados en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Morón, de la Universidad Nacional de La Matanza y de la Universidad Kennedy. Autor, entre otros libros, de “Contratos. Técnicas de redacción e interpretación”, año 2023, “Cuantificando Daños”, año 2023, “Argumentación jurídica aplicada al litigio”, año 2022, “Determinación y Cuantificación de Daños”, año 2018, “Derecho de Consumidores y Usuarios”, año 2017 y “Responsabilidad Civil & Daños”, 3º Edición actualizada y aumentada según el Nuevo Código, año 2016, todos publicados por Ediciones D&D.

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