La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó una sentencia contra Banco Piano, en la que declaró la nulidad de las tasas aplicadas a tres mutuos otorgados a una jubilada y reconoció a la actora el derecho a cobrar $50.000 en concepto de indemnización por daño moral y $100.000 por daño punitivo.

El Tribunal destacó que “pese al mínimo ingreso que en concepto de pensión recibía” la actora, el banco le otorgó un primer crédito y luego otros dos más, “a efectos de que ella pudiera superar las dificultades en las que había quedado colocada a raíz del primero de esos préstamos” y que, “a diferencia de lo que sucede entre particulares, las entidades financieras se encuentran obligadas a investigar la capacidad de repago de sus clientes, como modo de tutelar su propia de cartera de créditos que es el activo principal que tienen.”

Así lo resolvió la Sala C, el 27 de mayo, en los autos “Fello, Elena Yolanda c/ Banco Piano S.A. s/ Sumarísimo”.  DESCARGAR FALLO COMPLETO

La sentencia apelada hizo parcialmente lugar a la demanda entablada por la actora contra Banco Piano S.A., condenando a este último a pagar las sumas allí especificadas.

Para así decidir, el sentenciante tuvo por cierto que el demandado había cobrado a la nombrada cuotas que tenían importes sustancialmente superiores si se las comparaba con las que le hubiera debido cobrar el Banco de la Nacion Argentina y que tales cuotas superaban holgadamente el 30% del haber jubilatorio que percibía la actora

Sostuvo que los parámetros aplicados por el banco debían considerarse abusivos en los términos del Decreto 246/11, que había modificado el art. 14 inc.b) de la Ley 24.241 a fin de proteger a un sector vulnerable de la sociedad como lo era el conformado por los jubilados y pensionados, fijando topes a las tasas de los créditos personales que se otorgaran a éstos.

Tuvo por cierto que asistía razón al demandado en cuanto a que los débitos no se habían hecho mediante ese sistema de código de descuento sino mediante cuotas debitadas directamente en la caja de ahorro de la actora.

No obstante, juzgó aplicable el art. 954 del Código Civil derogado, admitiendo desde esa óptica que las tasas aplicadas habían sido desproporcionadas, que la actora era jubilada con pensión mínima y que en esa cuenta sólo se registraban las sumas que le pagaba ANSES siendo el costo financiero total de los tres prestamos superior al 79%.

Declaró, en consecuencia, la nulidad de las tasas aplicadas en tanto excedieran el porcentaje que indicó, reconoció a la actora derecho a cobrar $50.000 en concepto de indemnización por daño moral e impuso al banco daño punitivo, que fijó en el importe de $100.000.

La sentencia fue apelada por el Banco Piano, quien sostiene que los préstamos de la actora fueron préstamos personales otorgados en forma directa, sin intervención de ninguna entidad, por lo que no regía a su respecto el Decreto 246/11, que había sido invocado por la demandante para fundar su acción.

Afirma que, a pesar de que el juez otorgó razón a su parte en este aspecto, hizo uso del principio iura novit curia para arribar a una conclusión equivocada desde el punto de vista lógico.

Manifiesta que, al así proceder, el magistrado violó el principio de congruencia cuya base se encuentra en el Art. 18 de la Constitución Nacional.

Se agravia, asimismo, de que el sentenciante haya considerado configurados en el caso los presupuestos que se encontraban previstos en el art.954 del Código Civil.

De esta perspectiva, estima que las tasas aplicadas por su parte a los créditos que había concedido a la actora no pueden considerarse excesivas puesto que, para esto, no es viable compararlas con las que cobra el Banco Nación, que es un banco público.

Critica también que el juez haya considerado que los jubilados debieran considerarse personas vulnerables e indica que su parte no ajusta las tasas de interés que aplica en función de las del Banco Nación, sino que se trata de réditos libremente pactados. Afirma, además, que la actora no solicitó la nulidad de las tasas, sino la de los créditos otorgados, planteo que dedujo a pesar de que los contratos respectivos ya se encontraban íntegramente cumplidos.

De esto deduce que no correspondía que, tomando participación activa y parcial en el pleito, el juez decidiera declarar la nulidad de las tasas de esos contratos ya cumplidos, toda vez que ese proceder importó un exceso de aquello que había sido solicitado por la parte.

En subsidio, se agravia de la indemnización reconocida a la actora por daño moral por considerar que tal daño no ha sido probado y que no son indemnizables las meras incomodidades propias de la vida en sociedad.

También subsidiariamente requiere que el monto indemnizatorio sea reducido sustancialmente y que sea dejado sin efecto el daño punitivo que le fue impuesto.

En la Alzada, la vocal preopinante fue la Dra Villanueva quien, respecto de la aplicación al caso del art. 954 del Código derogado (referido al vicio de lesión), consideró que “si bien es verdad que la actora no invocó expresamente esa norma, sí dejó planteados todos los presupuestos determinantes de su aplicación.” (la negrita es nuestra)

Así, “del desarrollo argumental expuesto en la demanda surge que la nombrada invocó ser una persona discapacitada, de 76 años de edad, en situación de vulnerabilidad extrema por carecer de amparo previsional, sin bienes, ni ingresos o recursos que le permitieran una digna subsistencia.

Afirmó que sobrevivía angustiadamente con una pensión no contributiva que le había sido otorgada por el Ministerio de Seguridad Social y que, al mes de abril de 2014, esa pension ascendía a la suma de $1.872.”
  (la negrita es nuestra)

Además, expresó que “tal pensión le era depositada en una cuenta que tenía abierta en el banco demandado y que, ante sus dificultades para sobrevivir, hubo una persona muy cordial del banco le había ofrecido un crédito personal que le resultaba muy simple de sacar.” (la negrita es nuestra)

“Ese crédito tenía un costo financiero total del 79,8% y que, ante la dificultad que experimentó para cancelarlo, tuvo que sacar un nuevo crédito en el mismo banco y que, al reiterarse la situación, volvió a encontrarse obligada a obtener un tercer crédito en esa misma entidad cuyo CFT superó el 80%.”  (la negrita es nuestra)

En definitiva, imputó al banco haberse abusado de su necesidad y haberle cobrado tasas que, dados sus ingresos, le eran imposibles de pagar.”  (la negrita es nuestra)

Por lo anterior, la vocal concluye que la demandante dejó planteada la plataforma fáctica que se hallaba prevista en la citada norma del código derogado, por lo que no es cierto que el sentenciante haya violado el principio de congruencia o el derecho del banco a defenderse en juicio.”  (la negrita es nuestra)

Por otra parte, para la camarista, “lo dispuesto en el Decreto 246/11 sólo es un índice más que me permite compartir la solución otorgada a esta causa.

Esto es así por cuanto, como el propio demandado lo reconoce, quienes se encuentran en la situación de la actora tienen concebido un régimen normativo de créditos más blandos a fin de tornar posible el cumplimiento por ellos de los créditos en cuestión.”  (la negrita es nuestra)

En esa línea, el banco, “como es obvio, conocía la aludida reglamentación de estos créditos, por lo que, el solo hecho de que los que él le otorgó no se encontraran dentro del aludido régimen, no lo relevaba de efectuar una evaluación que, ajustada a la situación de la actora, le permitiera advertir la difícil situación en la que ésta habría de encontrarse a la hora de cancelarlos.”

“Esto es así, con mayor razón, cuando, pese al mínimo ingreso que en concepto de pensión recibía la Sra. Fello, la entidad le otorgó dos sucesivos créditos más a efectos de que ella pudiera superar las dificultades en las que había quedado colocada a raíz del primero de esos préstamos.”

La vocal destaca también que,  “a diferencia de lo que sucede entre particulares, las entidades financieras se encuentran obligadas a investigar la capacidad de repago de sus clientes, como modo de tutelar su propia de cartera de créditos que es el activo principal que tienen.”  (la negrita es nuestra)

En cuanto a la alegación vinculada con que el juez no podía declarar la nulidad parcial, ‘lo cierto es que la cuestión que ahora me ocupa se encuentra expresamente regulada en el art. 1122 inc. c) del CCyC que habilita al juez a declarar esa nulidad parcial y a integrar simultáneamente el contrato, si así fuera necesario para no comprometer su finalidad.” (la negrita es nuestra)

Por otro lado, “la sola descripción del estado de necesidad de la actora y su situación de vulnerabilidad relevan de la necesidad de argumentar más para tener por cierto que corresponde reconocerle la indemnización por daño moral que le otorgó el a quo.”  (la negrita es nuestra)

En lo referente a la aplicación de la multa civil o daño punitivo, la magistrada señaló que la conducta de la entidad bancaria demandada que ha sido comprobada en autos, presenta los caracteres que tornan procedente la multa en cuestión.

Esa conducta no puede ser convalidada, máxime a la luz de la función que cumple el llamado daño punitivo, en cuanto sirve para desalentar el abuso en el que puede incurrir quien, desde una posición de privilegio, advierte la debilidad del usuario y el largo, tedioso y riesgoso camino que éste habrá de verse obligado a seguir para finalmente, tras la incertidumbre propia de todo juicio, lograr el reconocimiento de su derecho.” 
(la negrita es nuestra)

Siendo compartido este criterio, se resolvió rechazar el recurso analizado y confirmar íntegramente la sentencia apelada, con costas al demandado.

Dr. Jorge Oscar Rossi
Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de Morón), Abogado (U.B.A.) Profesor Titular de las materias “Teoría General de las Obligaciones”, y “Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios”. Adjunto Regular de Contratos Civiles y Comerciales en la Universidad Abierta Interamericana.

DESCARGAR FALLO COMPLETO

ÚLTIMAS NOTICIAS

Este miércoles: 13° Jornada de Discapacidad

El CAM cerró el 2019 con una gran fiesta de fin de año

Llamado a Concursos: Consejo de la Magistratura de la Nación

PRÓXIMOS EVENTOS

RESPONSABILIDAD CIVIL EN ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

Menú