La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires revocó la sentencia de un Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Quilmes que había declarado la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.997, por la cual la Provincia adhiere a la Ley Nacional N° 27.348, Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, N° 24.557.

El Máximo Tribunal bonaerense consideró que la adhesión al sistema de intervención previa y obligatoria de las Comisiones Médicas no implica renuncia a facultades provinciales ni privación de tutela judicial efectiva.

Así lo resolvió el 13 de Mayo, en los autos «Marchetti, Jorge Gabriel contra Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo – acción especial”.  DESCARGUE EL FALLO COMPLETO

El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.997, por la cual la Provincia adhiere a la Ley Nacional N° 27.348, Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, N° 24.557. Asimismo, dicho Tribunal declaró su competencia para intervenir en la causa.

Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, en su carácter de empleadora autoasegurada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

En el Máximo Tribunal bonaerense, el primer voto correspondió al Dr. de Lázzari, para quien “no resulta admisible constitucionalmente que las provincias, mediante una ley ordinaria de sus legislaturas, acepten la invitación propuesta en la ley nacional porque ello importa -de modo concluyente- la renuncia a las atribuciones que se reservaron mediante la Constitución.

Así, por imperio de la evocada «adhesión» a la ley nacional 27.348, se altera el régimen de la administración de justicia en el fuero laboral local, mediante la instauración de una instancia administrativa previa a la intervención de los tribunales de trabajo y ello -per se- es inconstitucional, más allá de que -luego- los jueces laborales se limiten, en el texto de la ley vigente al momento del dictado del fallo impugnado, a controlar la validez de lo resuelto en el marco de las Comisiones Médicas o, si fuera el caso, a ejercer un contralor pleno -en un juicio de conocimiento posterior- de lo decidido.” (la negrita es nuestra)

En definitiva, para este ministro, “mediante la adhesión dispuesta por la ley 14.997 a la ley 27.348 existe una transferencia de competencia jurisdiccional de la provincia al Estado federal no prevista por el art. 116 de la Constitución nacional.” (la negrita es nuestra)

En cambio, para el Dr. Genoud, “no se ha acreditado en autos infracción alguna al procedimiento fijado en el art. 104 y siguientes de la Constitución local como tampoco se han señalado irregularidades relacionadas con la integración y las mayorías que intervinieron en ambas Cámaras legislativas para la sanción del cuerpo legal en tratamiento.” (la negrita es nuestra) 

Por otra parte, “(e)s claro que el legislador local ha seleccionado un método para proceder que tampoco es motivo de censura. En efecto dicha técnica aparece en su ámbito de funcionalidad con el objetivo de optimizar la producción de leyes y consiste en una remisión de su texto a otras leyes.

Es decir, se trata de la incorporación al derecho provincial de una norma nacional -de otra provincia, etcétera- anexando su texto al universo normativo local.

Tal práctica por sí sola no revela alzamiento alguno al sistema constitucional.” (la negrita es nuestra)

A su turno, la Dra. Kogan puntualizó que “un sistema como el propuesto, en cuanto determina que un organismo administrativo nacional -en el caso, Comisiones Médicas en el ámbito local pero vinculadas a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo- intervenga en jurisdicción provincial no resulta novedoso.” (la negrita es nuestra) 

Por otra parte, “la atribución legal de competencias judiciales a órganos de la Administración Pública ha sido admitida como constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas «Ángel Estrada y Cía. S.A. c. Secretaría de Energía y Puertos» (CSJN Fallos: 328:651) y «Fernández Arias c. Poggio» (CSJN Fallos: 247:646).

Ello siempre que se garanticen el derecho de defensa y el control judicial suficiente respecto de lo decidido en sede administrativa. Estas condiciones, a mi juicio, no se exhiben incumplidas en el esquema de competencias de la normativa que aquí se analiza.” (la negrita es nuestra)

En síntesis, “mediante la ley 14.997, la Provincia de Buenos Aires,…ha prestado adhesión al sistema establecido mediante la ley nacional aceptando la intervención previa y obligatoria de las Comisiones Médicas para definir cuestiones vinculadas a los accidentes y enfermedades del trabajo, en el marco de su competencia, en el ámbito local (art. 1).

Este esquema no impide al trabajador el acceso a la jurisdicción, sino esta vía queda supeditada a que se agote una instancia administrativa previa de carácter obligatorio, circunstancia que, en definitiva, no reviste más que una finalidad protectora, desde que tiende a asegurar al afectado -en cuanto sujeto de tutela preferente- o sus derechohabientes una más rápida percepción de sus acreencias (art. 14 bis, Const. nac.).” (la negrita es nuestra)

Los Dres Pettigiani y Torres adhirieron al voto de la Dra. Kogan.

Por último. El Dr. Soria consideró que “le asiste la razón a la impugnante cuando sostiene que el fallo recurrido, en cuanto afirma que ha habido un desprendimiento o delegación indebida a los órganos administrativos nacionales, no puede compartirse, sobre todo a poco de repararse en la falta de demostración de la arbitrariedad, iniquidad manifiesta o, en términos más generales, la irrazonabilidad del sistema al que se ha plegado la Provincia.” (la negrita es nuestra)

Por lo anterior, se hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se revocó el fallo de grado en cuanto se pronunció por la inconstitucionalidad de la ley 14.997 y se declaró la incompetencia en este estado del Tribunal de Trabajo interviniente para entender en autos.

Dr. Jorge Oscar Rossi
Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de Morón), Abogado (U.B.A.) Profesor Titular de las materias “Teoría General de las Obligaciones”, y “Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios”. Adjunto Regular de Contratos Civiles y Comerciales en la Universidad Abierta Interamericana.

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