La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia del Departamento Judicial Lomas de Zamora resolvió, siguiendo la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que el límite de cobertura básica obligatoria” de la póliza de seguros de responsabilidad civil es el vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva y no el que regía al momento del siniestro.

Así lo resolvió la Sala I, el 6 de marzo, en los autos “MARTINEZ VANESA GISELLE C/ ALBERS ALEJO MARTIN Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”DESCARGUE EL FALLO COMPLETO

En primera instancia se hizo lugar a la demanda interpuesta por la actora en representación de su hija menor, por los daños producidos en un accidente de tránsito, condenando al demandado a abonar la suma de $ 1.800.000, con más los intereses. Hizo extensiva la condena a la empresa aseguradora “Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada” en la medida del seguro y su franquicia.

Uno de los agravios de la actora, en su apelación, fue que la sentencia de primera instancia no hubiera resuelto sobre el actual monto de la cobertura de la aseguradora demandada en autos, pues si bien se ha agregado póliza por la misma de fecha 25-10-2011 en la cual se establece su responsabilidad hasta la suma máxima de $ 3.000.000 por evento, considera que dicho valor se ha depreciado sustancialmente.

En la Alzada, el vocal preopinante fue el Dr. Igoldi, quien recordó que “(s)obre la cuestión ha sostenido el Supremo Tribunal Provincial que la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza de seguro, convenida en concordancia con la normativa vigente al momento del hecho (cobertura básica obligatoria), no puede ser oponible al asegurado y a la víctima cuando la magnitud de los daños padecidos por esta última fue estimada en un tiempo actual, en el que también debe ser ejecutada la garantía, pues ante los disímiles contextos habidos en tales fechas, su pretendida aplicación literal se muestra ostensiblemente irrazonable, al resultar abusiva, desnaturalizar el vínculo asegurativo por el sobreviniente carácter irrisorio de la cuantía de la cobertura finalmente resultante, afectar significativamente la ecuación económica del contrato y la equivalencia de sus prestaciones, destruir el interés asegurado, provocar en los hechos un infraseguro, contrariar el principio de buena fe y patentizar un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora; a la vez que deviene asimismo frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio, de su función preventiva, de su sentido solidarista y de su criterio cooperativista a la luz del principio de mutualidad; así como implica una mayor desprotección del asegurado, situación que repercute en la violación del principio de reparación integral del damnificado, colocándolo en un sitial de mayor vulnerabilidad. (conf. arts. 1, 14, 17, 19, 28, 31, 33, 42, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.037, 1.068, 1.069, 1.071, 1.077, 1.079, 1.109, 1.137, 1.167, 1.197, 1.198 y concs., Cód. Civ.; 68 y concs., ley 24.449; 23, 24, 25, 30, 31, 33, 43 y concs., ley 20.091; 5, 7, 11, 61, 62, 65, 68, 109, 118, 158 y concs, ley 17.418 [LS]; 3, 37 y concs., ley 24.240; 217, 218 y concs., Cód. Com.; 47, 92 y concs., ley 11.430; SCBA C. 119.088 “Martinez, Emir c/ Boito, Alfredo Alberto s/ Ds. y Ps.”, S. del 21/2/2018)” (la negrita es nuestra)

Para el magistrado, “(l)os fundamentos allí esgrimidos por el Supremo Tribunal, resultan análogos a los que se reproducen en este proceso, con las salvedades que el tipo de contratación impone. En efecto, en el sub lite al tiempo del siniestro la cobertura contratada alcanzaba el monto máximo previsto en la resolución general 35.863/2011 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Sin embargo, cuando la entidad de los daños sufridos por la víctima fue apreciada -a los fines de la ejecución de la garantía-, tales montos habían sido ya modificados sustancialmente por la mencionada autoridad nacional, resultando aplicable para dicha época la resolución general 1.162/18, a través de la cual se había elevado la cobertura máxima a la suma de diez millones de pesos ($10.000.000) por muerte o incapacidad lesiones y obligación legal autónoma.” (la negrita es nuestra)

Por lo anterior, el preopinante considera que “una razonable aplicación de las cláusulas del contrato, ponderadas a la luz de la tutela reglamentaria de la Superintendencia de Seguros de la Nación y del principio de reparación integral de los damnificados, debe llevar a extender la garantía contratada incorporando la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva, sustituyendo dicho componente en su valor histórico.” (la negrita es nuestra)

En consecuencia, siendo compartido este criterio, el límite de cobertura de la citada en garantía “será de pesos diez millones ($10.000.000), conforme los términos de la resolución N° 1.162/18 de la SSN.” (la negrita es nuestra)

Dr. Jorge Oscar Rossi
Doctor en Ciencias Jurídicas (Universidad de Morón), Abogado (U.B.A.) Profesor Titular de las materias “Teoría General de las Obligaciones”, y “Régimen Jurídico de los Consumidores y Usuarios”. Adjunto Regular de Contratos Civiles y Comerciales en la Universidad Abierta Interamericana.

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NOTA RELACIONADA – SCBA: Limite de cobertura irrisorio = no cobertura

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