Por mayoría, y en un cambio de postura que ahora le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires el status de “ciudad constitucional federada”, el Máximo Tribunal declaró que esta tiene “el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”

Así lo hizo el 4 de abril, en los autos “Gobierno de la Ciudad Autónoma -de Buenos Aires c/ Córdoba, Provincia de s/ ejecución fiscal”. DESCARGAR FALLO COMPLETO

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos, juicio ejecutivo contra la Provincia de Córdoba (Ministerio de Salud) para el cobro de $ 205.535,01, más intereses y costos y costas.

Manifestó que el título ejecutivo consiste en el certificado de deuda n° 730 emitido de acuerdo con la ley local 2808 (artículo 50) por la Dirección Legal y Técnica del Ministerio de Salud local. La deuda corresponde a servicios médicos prestados en nosocomios del Gobierno de la Ciudad a beneficiarios derivados por la Provincia de Córdoba.

La jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma intimó a la Provincia de Córdoba al pago de la suma demandada, más el 30% estimado provisionalmente en concepto de intereses y costas, o a oponer excepciones en el mismo plazo, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución.

En virtud de ello se presentó el Procurador del Tesoro de la Provincia de Córdoba y opuso, en primer término, excepción de incompetencia.

Alegó que, como estado autónomo la provincia no puede ser sometido a los tribunales locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, negó la existencia y legitimidad de la deuda reclamada y opuso excepciones de inhabilidad de título y falta de legitimación pasiva.

En cuanto al tribunal competente, sostuvo “que el caso corresponde o bien a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o bien a los jueces locales de la Provincia de Córdoba, pero en ningún caso a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad Autónoma.

De todas maneras, expresó “que la posición de la provincia es que, sin desconocer la existencia del precedente de Fallos: 330:5279, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reviste la condición de aforada a la competencia originaria reglada por los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, siendo por lo tanto la Corte Suprema el tribunal competente para dilucidar la cuestión debatida en autos”.

La parte actora, se opuso a la procedencia de la excepción de incompetencia. Expresó que “el objeto del presente proceso es una cuestión de derecho público local que en modo alguno puede válidamente someterse a otra jurisdicción, pues de esa manera se violaría lo dispuesto por el artículo 129 de la Constitución”.

La jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró su incompetencia para entender en las presentes actuaciones y ordenó su remisión a la Corte Suprema de Justicia.

La señora Procuradora Fiscal en su dictamen opinó que “el proceso resulta ajeno a la competencia originaria de esta Corte, por remisión al precedente de Fallos: 330:5279”.

El Máximo Tribunal, con el voto de Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, declaró que la presente causa corresponde a la competencia originaria de la Corte prevista en el articulo 117 de la Constitución nacional. (La negrita es nuestra).

Por su parte, el voto mayoritario destacó que “a partir de la reforma del año 1994, la Ciudad de Buenos Aires adquirió un nuevo estatus constitucional que se expresó en el art. 129 de la Constitución Nacional reformada”.

Los ministros recordaron que, “en 2007, esta Corte resolvió que la Ciudad Autónoma no tiene el mismo derecho que las provincias a la competencia originaria de la Corte Suprema en la causa “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Tierra del Fuego, Provincia de” (Fallos: 330:5279).”

Si bien  “este Tribunal tiene dicho que no obstante que sus decisiones se circunscriben a los procesos concretos que son sometidos a su conocimiento, la autoridad institucional de sus precedentes, fundada en la condición de intérprete supremo de la Constitución Nacional, da lugar a que en oportunidad de fallar casos sustancialmente análogos sus conclusiones sean debidamente consideradas y consecuentemente seguidas tanto por esta misma Corte como por los tribunales inferiores; y cuando de las modalidades del supuesto a fallarse no resulta de manera clara el error y la inconveniencia de las decisiones ya recaídas sobre la cuestión legal objeto del pleito, la solución del mismo debe buscarse en la doctrina de los referidos precedentes (Fallos: 339:1077; 341:570 y sus citas).

En esta oportunidad se presenta uno de los supuestos excepcionales que exige que esta Corte modifique la doctrina de un precedente.” (La negrita es nuestra)

En efecto, a la luz del caso “Nisman” (Fallos: 339:1342), se operó un cambio tal en los principios que informaron los fundamentos del precedente “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Tierra del Fuego, Provincia de” (Fallos: 330:5279) que se impone la revisión de este último.

En “Nisman” (Fallos: 339:1342) este Tribunal decidió que los jueces nacionales con asiento en la CABA no son equiparables a los jueces federales a los efectos de declarar la admisibilidad del recurso extraordinario cuando media denegación del fuero federal. Al hacerlo puso de manifiesto que “en atención a que la Constitución federal le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires su autonomía no puede sino concluirse que el carácter nacional de los Tribunales ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio” (La negrita es nuestra).

Además “los criterios interpretativos usuales referidos a la apertura de la jurisdicción originaria en los términos del art. 117 de la Constitución Nacional fueron creados por esta Corte en un tiempo anterior a 1994 y a la adopción del precedente “Nisman”. (La negrita es nuestra).

Así, se señala que “…la reforma de 1994 no solamente introduce a la ciudad como un actor autónomo del sistema federal sino que al hacerlo modifica radicalmente la histórica premisa según la cual la unión nacional requería suspender la participación de la ciudad como sujeto autónomo. En efecto, el artículo 129…fue incorporado en la reforma constitucional del año 1994, reconociendo a la Ciudad de Buenos Aires el status de “ciudad constitucional federada”.  (La negrita es nuestra).

 “Es ciudad, por sus características demográficas. Es ciudad constitucional, porque es la única designada expresamente por su nombre y con atributos específicos de derecho público en la Constitución Nacional, a diferencia de las otras ciudades que son aludidas genéricamente al tratar los municipios de provincia. Y es ciudad constitucional federada, porque integra de modo directo el sistema federal argentino conjuntamente con los restantes sujetos políticos que lo componen, tanto los de “existencia necesaria” o “inexorables”, cuya identificación y regulación -o la previsión de su regulación- obra en la propia Ley Fundamental (el Estado Nacional, las provincias, los municipios de provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires), como los de “existencia posible” o “eventuales”, aquellos cuya existencia depende de la voluntad de los sujetos inexorables (tal el caso de las regiones).” (La negrita es nuestra).

En voto concurrente, el Señor Ministro Doctor Carlos Fernando Rosenkrantz, estableció que “…desde la reforma constitucional de 1994, tiene el mismo lugar que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (arts. 116, 117 y 129 de la Constitución y art. 10, inc. 10 de la ley 48 y artículo 24, inciso 1 del decreto-ley 1285/58, ratificado por ley 14.467).” (La negrita es nuestra)

En disidencia, la señora vicepresidenta doctora Elena I.  Highton de Nolasco, manifestó que: “Asimilar la Ciudad de Buenos Aires a una provincia a los efectos de la competencia originaria implicaría agregar a la Constitución Nacional un sujeto no previsto en sus artículos 116 y 117.

Ello conllevaría la extensión de dicha competencia, por ejemplo, a las causas que se suscitaren entre la Ciudad y sus vecinos cuando la materia fuere predominantemente federal y a aquellas en las que litigue con otros vecinos y estuviere en juego un “asunto civil”. Esta conclusión también iría en contra de la tendencia restrictiva que, al respecto, viene siguiendo este Tribunal en decisiones más recientes”. (La negrita es nuestra)

Por todo lo anterior, La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró en el presente caso su competencia originaria, prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional.

Reseña del fallo: Dra. Ivana E. Jordán (integrante del INSTITUTO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL del CAM)

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