El régimen dispuesto por el Acuerdo Nº 3989 de la la Suprema Corte de Justicia bonaerense establece que los domicilios registrados serán utilizados para realizar notificaciones y comunicaciones a través de medios electrónicos, comprensivas del traslado de la demanda, la intimación de pago, la citación como tercero, las diligencias preliminares, las cautelares anticipadas y en su caso la sentencia definitiva o equiparable a tal. Dichos domicilios podrán emplearse para el diligenciamiento de oficios.

En los fundamentos se señala que el sistema satisface los principios de celeridad, economía, eficacia y transparencia de los procesos, al tiempo que contribuye a facilitar la trazabilidad y auditoría de sus trámites.

Cabe señalar que, según el art. 14 «El presente régimen será implementado mediante una normativa complementaria a dictarse dentro de los treinta (30) días posteriores a su publicación»

La medida se sustenta, asimismo, en la necesidad de adoptar mecanismos que posibiliten la producción de los actos procesales de comunicación por medios telemáticos, teniendo en cuenta la grave crisis sanitaria en curso y las limitaciones que afectan al quehacer jurisdiccional.

Las personas jurídicas y organismos que suscribieron convenios de colaboración tecnológica con la Suprema Corte, como así también actas de aceptación para el uso del Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas deberán inscribir sus respectivos domicilios electrónicos en el Registro para recibir las notificaciones electrónicas de los actos procesales enunciados.

Entre ellos, se encuentran los siguientes sujetos:

a) El Fiscal de Estado.
b) El Asesor General de Gobierno.
c) Los órganos o entidades descentralizadas de la Provincia de cualquier especie cuya representación en juicio no estuviere a cargo del Fiscal de Estado o de la Asesoría General de Gobierno.
d) Los municipios de la Provincia y sus entidades descentralizadas de cualquier especie.
e) Los bancos y las demás entidades financieras.
f) Las compañías de seguros.
g) Las aseguradoras de riesgos del trabajo.
h) Las prestatarias de servicios públicos y las concesionarias de obras públicas.
i) Las personas públicas no estatales de la Provincia.
j) Los establecimientos regulados en el régimen establecido en la Ley 12.573 y sus reformas.

En caso que los sujetos mencionados no cumplieran con la carga de inscribir el domicilio electrónico en el Registro, se considerará inscripto por defecto el domicilio electrónico que hubieran consignado en el marco de los convenios de colaboración tecnológica o de las actas de aceptación del Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas firmados, hasta tanto den cumplimiento a dicha carga. En cuanto al Fiscal de Estado se inscribirá por defecto, como domicilio electrónico del organismo, el establecido en su normativa interna en la materia.

En las mediaciones previas obligatorias regladas por la Ley 13.951 y sus modificatorias, las partes también deberán inscribir un domicilio electrónico. Asimismo, cualquier persona jurídica o humana podrá inscribirse voluntariamente, a los fines de la actuación judicial en los fueros pertinentes.

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