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10/05/2017
UNA DELIBERACION PUBLICA PODRIA HABER EVITADO ESTA DECISION: SEÑAL NEGATIVA PARA EL FUTURO DE LOS DERECHOS HUMANOS
El caso Muiña, de gran relevancia y con trascendental impacto, podría haber tenido un especial tratamiento y haberse discutido en público. Nadie supo de la decisión ni de su relevancia hasta demasiado tarde. La Corte Suprema no hace una lista pública anual de casos-como su par de Estados Unidos-, y las audiencias públicas dejaron de existir hace años. El manejo de las decisiones en el tiempo es discrecional y eso refuerza lo vital de la distribución de las causas y el poder de decidir cuándo se decide. La oportunidad la decide la Presidencia de la Corte.
 


En este sentido, es importante recordar que la Acordada n.° 30 /2007 de la Corte Suprema establece que “… en el marco de decisiones de diversa naturaleza que este Tribunal viene adoptando, como titular de este Departamento del Gobierno Federal, para elevar la calidad institucional en el ámbito del Poder Judicial y profundizar el estado constitucional de derecho vigente en la República, se considera apropiado al mejor logro de estos altos objetivos comenzar a llevar a cabo audiencias de carácter público, que serán convocadas en ciertas causas que tramitan ante esta Corte y que estarán sometidas al régimen cuyas reglas básicas se disponen en la presente. Que, además, la participación ciudadana en actos de esa naturaleza y la difusión pública del modo en que esta Corte conoce de los asuntos en que, con carácter primordial, ha de ejercer la jurisdicción más eminente que le confiere la Constitución Nacional, permitirá poner a prueba directamente ante los ojos del país, la eficacia y objetividad de la administración de justicia que realiza este Tribunal (dictamen del Procurador General de la Nación en la causa “Penjerek”, al que remite la sentencia de esta Corte del 14 de noviembre de 1963, Fallos 257:134)”.

Es decir, la Corte podría haber convocado a audiencias para deliberar un caso de tanta relevancia histórica como el caso Muiña, pero no lo hizo. Una deliberación pública podría haber evitado esta decisión.

De ahora en más, la Corte Suprema podrá intentar cambiar las repercusiones de su decisión con otros casos como el de Milagro Sala / o la educación religiosa en Escuelas Públicas en la Provincia de Salta (de la Asociación por los Derechos Civiles), entre otros, que pueden impulsar un recambio de aire. Sin embargo, el lenguaje del derecho y el uso selectivo de sus instituciones se vuelve en contra de la sociedad y de su trato igualitario, dado que puede ser usado como un discurso tecnocrático y estratégico que oculta la decisión política, las tensiones internas de los tribunales, entre fundamentos, citas y disidencias retóricas.

En este contexto de retrocesos políticos, los fallos de la Corte deben interpretarse como sentencias judiciales y señales políticas y simbólicas al mismo tiempo: Ésta es una señal negativa para el futuro de los derechos humanos de los argentinos.

 
 
 
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